Por: Luis Luján Cárdenas

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La situación social del Perú es muy preocupante desde hace varias décadas porque la involución (más pobreza, desempleo, inseguridad, informalidad, corrupción, aumento del costo de vida, etcétera) es constante, está deteriorando valores y conculcando derechos humanos básicos como el respeto a la vida.

Las cifras publicadas en mayo por el INEI lo confirman: 8.5 millones de peruanos sobrevive con menos de 378 soles, por lo que son calificados de pobres; y 11.4 millones apenas superan este precario ingreso, calificándolos de vulnerables. Es decir, de 33 millones de peruanos que habitan en el país, 20 millones viven en condiciones miserables. ¿Esto es evolucionar o involucionar?

La otra cara de la moneda: hace cuatro años la consultora Boston Consulting Group (BCG) reveló que en el Perú existían 4,618 millonarios, de los cuales 30 aglomeran un patrimonio de 22,180 millones de dólares, nada menos. Y vaticinaba que anualmente el número de millonarios aumentaría en un 6%, por lo que ahora serían más de 5,000 las personas que poseen más de un millón de soles. Riqueza obtenida por medios lícitos e ilícitos.

De acuerdo con el estudio del 2020 de la Contraloría General de la República del Perú Cálculo del tamaño de la corrupción y la inconducta funcional en el Perú, “en el 2019 las pérdidas por corrupción, solo en los sectores de transportes, salud y educación habrían ascendido a cerca de 6,000 millones de soles”. Mientras que la Defensoría del Pueblo en el 2017 concluye, en el estudio Reporte la corrupción en el Perú, que en nuestro país “se estima que por corrupción se pierden más de 12,000 millones de soles al año […] dinero que serviría para alimentar largamente a todos los pobres del país”.

Y concluye que “la corrupción de nuestro tiempo, globalizada y en contubernio con el sector privado, se ha convertido en una de las principales amenazas de la democracia y la gobernabilidad, en la medida en que su accionar afecta los derechos humanos de millones de personas”.

Al aumentar las brechas sociales producto de esta sociedad injusta, indudablemente hay una reacción social de profundo malestar colectivo, incremento del delito y el crimen, violencia en las comunidades más pobres, descrédito de los partidos políticos, rechazo al Estado y sus instituciones y pedido de nueva Constitución.

¿Pero será suficiente una nueva Carta Magna o también necesitamos nuevos políticos y conciencia y responsabilidad ciudadana? El problema es sistémico… y todos tenemos responsabilidad.