Por: Roxana Ortiz A.

Debido a las investigaciones que hasta el momento se han realizado, además de las declaraciones que están ofreciendo algunos de los detenidos, la tesis de que las 14 personas fallecidas hayan sido el resultado de un ataque pesa más que un enfrentamiento entre los mineros informales de Atico en Caravelí para el Ministerio Público.

Se ha llegado a esta conclusión; aunque no se descarta aún el enfrentamiento; luego de las declaraciones testimoniales, pero también por la información que se está obteniendo de los teléfonos celulares que se han incautado a los intervenidos.

Incluso algunos han declarado que habrían sido contratados para prestar seguridad a las instalaciones de la mina por parte de la empresa que tiene la concesión como es el caso de Intigold Mining, pero se guarda en reserva si es que los detenidos efectivamente son los que dispararon contra las personas. Para ello se les está haciendo los exámenes respectivos para determinar si es que tienen residuos de pólvora en sus cuerpos, aunque se supo que algunos tenían licencia para portar armas.

En el Ministerio Público se convocó a una Conferencia de Prensa para dar detalles sobre el caso, presidido por el Presidente de la Junta de Fiscales, Santiago Irigoyen Díaz y las fiscales María Cabana Ocsa de Crimen Organizado; Carolina Cáceres Zúñiga del Medio Ambiente, además de la fiscal María del Rosario Lozada Sotomayor.

La fiscal Carolina Cáceres, indicó que se tiene que aclarar quiénes eran los mineros informales y los ilegales. Dijo que estos últimos trabajan al margen de la ley, mientras que los informales están en proceso de formalización, como es el caso de las asociaciones Callpa Atico y Callpa Renace, a pesar que se encuentran en terrenos que están concesionados a Intigold Mining. Cuando los mineros hayan pasado el proceso para su formalización ante el Ministerio de Energía y Minas, recién se determina si es que su actividad es reconocida o no y si están en el terreno correcto o por el contrario les ordenan su retiro.

Por su parte la fiscal María Cabana, informó que el Ministerio Público se hizo cargo del caso desde el año pasado cuando se presentó la primera denuncia en Caravelí por el fallecimiento de un minero, momento desde el cual vienen investigando. El pasado 2 de junio recibieron la denuncia de los mineros por el ataque sufrido y es cuando encontraron los primeros siete cuerpos y donde se detuvo a los 31 implicados, algunos portando armas de largo alcance.

Estos se encuentran en proceso de investigación y al principio se negaron a declarar sobre el caso, pero conforme avanzan los días, han mostrado interés por acogerse a la confesión; pero un problema que actualmente enfrentan, es que ni los familiares, testigos ni otros trabajadores están colaborando para esclarecer los hechos, a pesar que se les ha hecho el llamado respectivo, pues aseguran hay mucho temor por brindar declaraciones.

En la zona, que es bastante agreste, por lo que han tenido muchos inconvenientes para recuperar los cuerpos, se tienen trabajando a un promedio de veinte fiscales, además de una buena cantidad de efectivos policiales para descartar que no haya más cuerpos como lo han denunciado los mineros.

Debido a que este problema ya lleva mucho tiempo sin ser resuelto, existe un proceso avanzado para responsabilizar penalmente a todos los funcionarios de Energía y Minas que no han hecho nada por solucionarlo, incluyendo a dos efectivos policiales más. Igualmente se informó que el proceso por usurpación se inició contra dos mineros, de los cuales uno ha fallecido.