Por: Ricardo Soberón – Presidente de Devida

El narcotráfico, alrededor de la cocaína, es un delito complejo que responde a un patrón de mercado global, proveniente de la demanda internacional de 20 millones de usuarios en el mundo, capaces de pagar precios abismales por un gramo del producto, que no paga ningún otro commodity legal proveniente de la Amazonía.

Por ejemplo, en el Perú se producen entre 600 y 800 toneladas métricas anuales de sustancias cocaínicas en la Amazonía que se ve favorecido por las brechas históricas de la agricultura amazónica, además de la confluencia de la deforestación y la minería ilegal.

A pesar de los buenos precios internacionales del café y cacao, los recursos limitados del Desarrollo Alternativo (promedio de 100 millones de soles anuales) impiden expandir los resultados en todo el territorio nacional, además de limitaciones de articulación de la pequeña agricultura con los mercados nacionales e internacionales.

Sobre esta situación socioeconómica crítica, entre la potente labor de la Policía, las FF. AA y Aduanas, incautamos un promedio de 40 toneladas anuales de droga, es decir, cerca del 5% del total.

Sobre este factor determinante, es muy poco lo que pueden hacer los países donde esta se produce o por donde transita (Colombia, Perú y Bolivia), salvo intervenir en un permanente juego del “gato y el ratón”, para detener personas, incautar droga y decomisar insumos.

El sistema criminal peruano carece estructuralmente de los medios de priorización de qué delitos debe perseguir con mayor énfasis que otros, ocasionando la sobresaturación de comisarías, juzgados y cárceles.

La difícil situación económica que deja la pandemia y la inevitable crisis alimentaria afectan los esfuerzos que hacemos en esta materia: muchos ciudadanos del campo y la ciudad sentirán las consecuencias y serán tentados a migrar a la informalidad o la ilegalidad.

A pesar de ello, los organismos del Estado realizan todos los esfuerzos posibles para superar cifras históricas de incautación y decomiso.

Particularmente, este año se ha restaurado el trabajo coordinado que efectúa Devida como entidad encargada de monitorear el cumplimiento de la Política Nacional Contra las Drogas al 2030, de una interdicción articulada más potente para hacer daño donde mayores perjuicios se le ocasiona al narcotráfico.

Ahora se posee una Política Nacional de Control de Drogas al 2030, que tiene como reto lograr el trabajo articulado de los organismos del Estado.

Está pendiente una mayor articulación para identificar acciones más coordinadas que involucren desde la inteligencia, la intervención, la investigación, el desmantelamiento de organizaciones y la sanción efectiva sobre las estructuras criminales. A ello, debemos sumar la necesidad de comprender la importancia de la interdicción aérea, letal y no letal, para dar golpes más eficaces contra el tráfico aéreo de drogas en la Amazonía.