Por: Roxana Ortiz A.

La mayor parte de los candidatos a las elecciones regionales y municipales no ha presentado su Declaración Jurada de Intereses a la Contraloría General, a pesar que el plazo vence mañana viernes y solo ha cumplido con esta obligación el 14% de ellos.

El plazo para la entrega se inició el pasado 11 de agosto y 86% del total de candidatos no lo ha hecho, a pesar que los 76 mil 509 postulantes, han sido habilitados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y se encuentran acreditados para presentar su declaración jurada.

Para el cumplimiento de dicha disposición legal, la Contraloría implementó y facilitó todos los medios necesarios para que las y los candidatos puedan cumplir oportunamente con dicha obligación y así informar sus vínculos personales, familiares, económicos, laborales y financieros a través de la presentación de su Declaración Jurada de Intereses (DJI) de carácter preventivo, la misma que contribuirá al control social y a prevenir futuras situaciones de conflicto de intereses; además permitirá que los electores cuenten con mayores elementos de información para ejercer un voto responsable en los próximos comicios de octubre.

Sin embargo, a la fecha se puede observar que solo 10 mil 995 candidatos y candidatas han cumplido con la responsabilidad de presentar su DJI, mientras que 65 mil 514 (86%) aún no cumplen con esta disposición.

De la información pública y disponible en la plataforma “En estas elecciones, tú tienes el control”, se puede observar que, de 212 candidatos habilitados a gobernador regional, solo 79 (37%) ha cumplido la presentación de su DJI. De igual forma, de 207 candidatos habilitados a vicegobernador regional, solo 63 (30%) la presentaron. De 1316 candidatos a una alcaldía provincial, han presentado 396 (30%); mientras que, de 8613 postulantes a alcalde distrital, solo se presentaron a la fecha 2175 (25%). Similar nivel de cumplimiento se observa en los candidatos a regidores provinciales y distritales.

La DJI de carácter preventivo es un instrumento útil para la prevención de conflicto de intereses de las futuras autoridades, porque promueve la transparencia y el control social. El cumplimiento de las disposiciones legales por parte de los postulantes, como es su presentación, refleja la responsabilidad de quienes asumirán la importante función de administrar y gestionar los recursos públicos en cada jurisdicción por los próximos cuatro años.