Por: Roxana Ortiz A.

Como la mayor parte de las instituciones públicas en el país, el Tribunal Constitucional (TC) no es ajeno a la crisis que se vive, debido a la falta de presupuesto para poder realizar un trabajo oportuno y diligente; debido a que, según el presidente de este organismo, tienen muchas carencias que derivan de la falta de recursos económicos.

Francisco Morales Saravia, presidente del TC indicó que prácticamente están trabajando en medio de la precariedad, por lo que han solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas, la ampliación del presupuesto para cubrir algunas necesidades, pero que se les ha negado.

“Entendemos que hay otras prioridades para el gobierno como la atención en salud, educación, infraestructura; pero las demás instituciones también son importantes como el TC, que es un órgano de primera línea y contamos con un presupuesto reducido de 42 millones, que se va en el pago de planillas, pensiones y mantenimiento”, indicó.

El magistrado señaló que por ejemplo, necesitan asesores jurisdiccionales para enfrentar la carga procesal y a pesar que tiene 35 plazas aprobadas, no están financiada desde hace una década, por eso piden el presupuesto adicional para cubrir por concurso público dichas plazas y poder trabajar en la carga procesal de todo el país, hacer las audiencias descentralizadas y potenciar el Centro de Estudios Constitucionales.

“Si se quiere vivir en democracia, hay que educarse, respetar la Constitución, los derechos y eso se lograría a través del Centro de Estudios, pero no tenemos planillas, tenemos que sacar los asesores de la parte jurisdiccional para que atiendan labores académicas o de difusión, que son fundamentales para que la población conozca de sus derechos, deberes y obligaciones”, indicó Morales Saravia.

El no contar con un presupuesto adecuado por ejemplo, dice que afecta que no haya una actividad descentralizada más efectiva, como el hecho de no estar más tiempo en la sede oficial de esta institución que es la ciudad de Arequipa; lugar desde donde se debería despachar; sin embargo el magistrado señala que en Lima hay una mayor carga procesal por ser la sede oficial; pero que tratarán de cumplir con lo que se dispuso en la creación del TC e incluso en una sentencia de la institución respecto al tema.

Respecto a la carga procesal, informó que por año se tienen unos 4 a 5 mil expedientes, cuya demora en su resolución, es precisamente la falta de personal para trabajar. Adicionalmente a ello, no cuentan con la infraestructura adecuada para poder realizar sus labores, ya que si bien cuentan con un edificio de siete pisos, solo tres están habilitados, los demás están en situación precaria, sin servicios higiénicos, sin pisos.

Igualmente indicó que no son muchos los procesos de inconstitucionalidad que tienen por resolver, entre 12 a 15. Entre ellos por ejemplo, la demanda por el retiro de los fondos de las AFP el cual ya ha sido debatido y está por dictarse la sentencia; igualmente contra el Código Procesal Penal; sobre modificaciones a las leyes antiterroristas que están relacionadas con la participación de sus integrantes en procesos electorales, a permitir su participación como educadores, entre otros.

También dijo que recientemente se ha admitido una demanda de inconstitucionalidad sobre la composición del directorio de la Sunedu y procederán a solicitar información al Congreso y al Poder Ejecutivo que justifique su implementación para luego llevar a cabo una audiencia pública.