— Redacción Diario El Pueblo —

RPP Noticias solicitó al Ministerio Público mediante la Ley de Transparencia la relación de carpetas fiscales de las 16 autoridades regionales electas en primera vuelta en las Elecciones Regionales y Municipales 2022 para conocer en qué situación asumirán sus cargos a partir del 1 de enero de 2023. Uno de los gobernadores, por poner un solo ejemplo, cuenta con 197 carpetas fiscales. En este informe todos los detalles.

Dos semanas después de haberse convertido en el electo gobernador regional de Ayacucho el pasado 2 de octubre, Wilfredo Oscorima Núñez recibía la información de que la fiscal provincial Ángela Zuloaga, miembro del equipo especial Lava Jato, solicitaba ante un juzgado prisión preventiva en su contra por 36 meses.

El juez Jorge Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria, rechazó la solicitud, pero le impuso comparecencia con reglas de conducta, impedimento de salida del país por un año y una caución económica de 100 mil soles.

Si el juez hubiese aceptado el requerimiento de la fiscal, Wilfredo Oscorima habría quedado impedido de asumir el cargo de gobernador regional de Ayacucho el primero de enero próximo y, por consiguiente, su vicegobernadora entraba en funciones como máxima autoridad hasta que se resolviera su situación legal. Ante este particular caso, el equipo de El Poder en tus Manos de RPP Noticias se planteó la necesidad de conocer la situación de las 16 autoridades regionales electas en primera vuelta de cara al inicio de sus gestiones. ¿Con qué carga procesal iniciarán sus períodos las nuevas autoridades regionales?

Haciendo uso de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es posible dar cuenta de esta información de interés público. A noviembre del presente año, los 16 gobernadores regionales electos reúnen un total de 836 carpetas fiscales por múltiples delitos y cuentan con un mínimo de 3 y un máximo de 197 expedientes de acuerdo con la información entregada por el Ministerio Público a RPP Noticias. La cifra total de carpetas fiscales es aún mayor, no obstante, en este informe no se han tomado en cuenta los más de 100 expedientes que se encuentran en estado de archivo definitivo, ni aquellos en los que los gobernadores tienen la condición de agraviados.

Además, se solicitó la información correspondiente a los 18 candidatos que irán a segunda vuelta en nueve regiones del país, los cuales tienen más de 300 carpetas fiscales en su haber, información que será publicada en la segunda parte de este informe especial.

AUTORIDADES CON MÁS INVESTIGACIONES

El gobernador con más carpetas fiscales abiertas es Wilfredo Oscorima de Ayacucho. Cuenta con 197 expedientes tanto en la vía penal como civil por los presuntos delitos de lavado de activos, corrupción de funcionarios, falsedad genérica, negociación incompatible, peculado, entre otros; y este será su tercer periodo como autoridad regional.

Precisamente, el pedido de prisión preventiva de la fiscal Zuloaga respondía a este tipo de delitos. A Wilfredo Oscorima se le investiga por haber intervenido presuntamente de forma indebida en el proceso de licitación pública (junio 2014) denominado ‘Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Abra Toccto-Vilcashuamán, Tramo: Condorcocha-Vilcashuamán’, a cambio de recibir un beneficio económico, beneficiando a la empresa Obrainsa.

Uno de los expedientes más recientes contra el electo gobernador es el de actos de connotación sexual sin consentimiento que data del 6 de julio del presente año y que se encuentra a nivel de investigación preliminar a cargo de una fiscalía de Huamanga.

Del total de expedientes de Wilfredo Oscorima, 39 cuentan con dictamen, 36 con archivo preliminar y 33 listos para audiencia de apelación.

En ese sentido, el abogado penalista Aldo Cárdenas, señala la importancia de conocer los términos jurídicos para diferenciar el estado en el que se encuentra cada proceso. Un archivo provisional, por ejemplo, indica que la fiscalía no ha encontrado elementos de convicción que permitan continuar con una determinada investigación, pero esa figura deja abierta la posibilidad de que más adelante el caso sea abierto. Inclusive, los archivos definitivos de casos deben analizarse en la perspectiva del tipo de delito pues, un archivamiento no necesariamente es sinónimo de inocencia.