Por: Roxana Ortiz A.

Los juicios largos llegan a su fin. Hoy se estará leyendo el adelanto de fallo en contra del ex presidente del Gobierno Regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén, sus ex funcionarios y hasta empresarios españoles, por la presunta comisión del delito de Colusión Agravada en la construcción de la carretera Arequipa – La Joya.

Este caso prácticamente se inició por una especie de “venganza” del proyectista de puentes, Jack López, a quien se le había dejado de lado su proyecto para la construcción de un puente en La Joya en concreto, porque no era práctico para el lugar, debido a inestabilidad del terreno sísmico y por sus costos.

Son ocho años que se ha estado llevando a cabo el proceso, en el cual aseguran los implicados en el caso, no se ha presentado pruebas ni siquiera indicios que señalan que de por medio hubo alguna intención de concertar en los precios al momento de elegir a la empresa ganadora de la construcción.

Incluso uno de los seis colaboradores eficaces que presentó el Ministerio Público, señaló que alguno de los implicados hayan recibido dinero alguno para beneficiar a la empresa constructora.

Guillén Benavides, así como Miguel Ocharán o Delford Sarmiento, argumentaron que no existe una sola prueba que los sindique para haberse unido para defraudar al Estado, a pesar que han autorizado el levantamiento de sus comunicaciones y en el historial no existe comunicación alguna entre los empresarios y ellos, donde siquiera se insinúa una presunta “coima”.

Señalaron que por el contrario, como lo dijo Guillén en la audiencia de juicio oral, esta obra en comparación con otras obras que se han ejecutado en otras partes del país, tuvo un costo mucho menor, a pesar de ser una vía completamente nueva y de mayor dimensión , además de haber adquirido maquinaria con la que se ejecutaron los trabajos y que quedaron como patrimonio para el GRA.

Argumentaron además que para este proceso no se contó con los peritajes que hubieran podido determinar un supuesto daño patrimonial, solo la existencia de apreciaciones; igualmente dijeron que no se consideraron las sobrevaloraciones, sin haber encontrado indicios de un supuesto soborno, ni enriquecimiento ilícito o cuentas bancarias millonarias.

La mayoría de implicados en el proceso responsabilizan a Jack López por haber hecho la denuncia sin fundamentos y las autoridades haberle creído, con lo que han sido perjudicados ocho años de sus vidas,algunos con enfermedades graves como el que tiene la ex autoridad, por un cáncer que debe controlar.