— Redacción Diario El Pueblo —

La Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema ratificó la sentencia contra el ex asesor presidencial del fujimorismo, Vladimiro Montesinos, por el caso de la compra ilegal de cohetes y municiones y la adquisición de equipos antidisturbios, entre los años 1999 y 2000.

El fallo judicial fue impuesto a solicitud de la Cuarta Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, representada por el fiscal adjunto superior Juan Manuel Fernández Castillo.

La sentencia condenatoria por la comisión del delito de colusión ilegal alcanzó a otros miembros de la cúpula militar en el poder durante el gobierno de Alberto Fujimori.

Estos son el ex Comandante General EP, José Guillermo Villanueva Ruesta; el ex Jefe del Servicio de Material de Guerra, Carlos Mateo Milicich Torres; y los ex jefes del Comando Logístico EP, Roger Burgos León y Luis Manuel Delgado de la Paz.

Además, contra los extraneus Orlando Raúl Almeyda Pachas, Óscar Emilio Fernando Benavides Morales, Miguel Edilberto Risco Cornejo. En cuanto a Enrique José Benavides Morales, Jefe del Grupo Económico Benavides Morales, se encuentra en condición de reo contumaz.

Cabe resaltar que los sentenciados tuvieron participación en la compra de cohetes y municiones para los helicópteros MI17 por medio de empresas internacionales de fachada, durante la guerra del Cenepa con el Ecuador, e incurrieron en la adquisición de equipos antimotines para repeler la “Marcha de los Cuatro Suyos”, mediante compras sobrevaloradas en beneficio económico propio.

CONDENAS

El ex asesor presidencial del fujimorismo suma más de 30 sentencias condenatorias desde su captura en Venezuela, con lo que su prisión efectiva lleva más de 20 años. Montesinos se encuentra privado de su libertad desde junio del 2001, tras ser capturado en Caracas.

Entre los delitos por los cuales ha sido sentenciado figuran corrupción de funcionarios, conspiración, desaparición forzada, homicidio calificado, lavado de activos, tráfico de armas y usurpación de funciones.

El primer fallo en su contra se dio el 2002, cuando el Poder Judicial le impuso nueve años de prisión por delito de usurpación de funciones, dado que desempeñó cargos públicos sin haber sido designado oficialmente como el de asesor presidencial y jefe del Servicio de Inteligencia Nacional.

Los casos por los que recibió mayores penas tienen que ver con violaciones a los derechos humanos. Uno de ellos fue el de las matanzas de Barrios Altos y El Santa, y el asesinato del periodista Pedro Yauri, por los que se le dictó condena de 25 años de prisión.