Por: Roxana Ortiz A.

En la gestión regional del ex gobernador Elmer Cáceres Llica, prácticamente el trabajo del Consejo Regional fue nulo, en la labor normativa y mucho peor aún en la función legisladora; y un ejemplo de ello es que se aprobó que la gestión regional no entregara la rendición de cuentas anticipada a los consejeros,

TAMPOCO HUBO RENDICIÓN DE CUENTAS

Durante el presente año, ya con la gestión de la gobernadora Kimmerlee Gutiérrez Canahuire, dijeron en el Consejo Regional que el trabajo de fiscalización mejoró, aunque no se les dio las facilidades del caso para hacerlo, especialmente por parte de los funcionarios, quienes sí podían no acudían al llamado para que pueda informar sobre su gestión. Ni siquiera combustible para movilizar las camionetas les otorgaban.

Informaron que durante el último año de gestión, elaboraron 18 ordenanzas y 121 acuerdos regionales. Entre las ordenanzas hay muchas, si no son la mayoría que no han sido tomadas en cuenta. Están por ejemplo el de la creación del Geoparque del Valle de Los Volcanes, la reestructuración del instituto Carlos Baca Flor, acciones para evitar la deglaciación del nevado Coropuna, el enmallado del puente Chilina, la declaratoria de emergencia de la gerencia de Energía y Minas, entre otras.

Una de las ordenanzas y que lleva años sin ejecutarse, es la de la creación de la Gerencia del Deporte impulsada por el consejero Ysrael Zúñiga, eterno enemigo de Hancco, a quien no mencionó en su discurso como uno de los fiscalizadores, como a otros más.

Entre los acuerdos regionales hay algunos que fueron un saludo a la bandera, como aquel en el que se pedía retirar del equipo de asesores a Christian Nova Palomino, por la serie de irregularidades que habría cometido; pero que sin embargo sigue formando parte de los funcionarios de confianza, a quien la autoridad regional defendió a capa y espada. “Por ese motivo es que tenemos todos los problemas en la gerencia de Salud”, indicó José Luis Hancco, presidente del Consejo Regional.

Hancco también resaltó el hecho de haber aprobado la transferencia de más de 184 millones de soles para que los gobiernos locales pudieran ejecutar las obras en cada jurisdicción, lo que permitió elevar los porcentajes de ejecución presupuestal.

Hechos irregulares que se habían detectado en trabajo de fiscalización de consejeros, los mismos que fueron puesto de conocimiento de la autoridad regional, pero también de la Contraloría y del Ministerio Público.