— Redacción Diario El Pueblo —

INGLATERRA

La justicia británica determinó ayer que el rey emérito de España Juan Carlos I cuenta con inmunidad en relación a hechos previos a su abdicación en 2014, por lo que no podrá ser juzgado por presuntos actos de acoso contra su examante Corinna Zu Sayn-Wittgenstein-Sayn anteriores a esa fecha.

La decisión del Tribunal de Apelaciones de Inglaterra y Gales, en su división civil, enmienda el dictamen del Tribunal Superior de Londres, que en marzo aceptó llevar a juicio al emérito por acusaciones relativas al periodo entre 2012 y 2020, en el que Corinna le acusa de haberla acosado personalmente o a través de individuos de su entorno.

Pese a que el juicio se llevará a cabo, presumiblemente a mediados del año que viene, el dictamen de hoy dejará fuera algunas de las acciones más perjudiciales para la causa del monarca, sobre todo referidas a las supuestas maniobras de acoso y espionaje dirigidas por el entonces jefe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán.

La defensa de la examante de Juan Carlos I sostuvo tras conocer la decisión de hoy que la inmunidad que ha concedido el tribunal «afecta a un asunto muy limitado» y que la «mayor parte de la demanda, a partir de 2014, no se ve afectada».

Michael Kim, del despacho Kobre & Kim, recalcó en un comunicado que su representada ha denunciado «acusaciones muy graves de un acoso que prosiguió a lo largo de mucho tiempo y que serán examinadas en detalle cuando el juicio tenga lugar».

El fallo del Tribunal de Apelaciones implica que las acciones del monarca entre abril de 2012 y el 18 de junio de 2014 no pertenecían a su ámbito privado y quedan fuera de la jurisdicción de las cortes británicas.

La magistrada Ingrid Simler es la autora del dictamen, respaldado por los otros dos jueces de ese tribunal, Eleanor King y Andrew Popplewell.

En base a su decisión, quedarán fuera del juicio presuntos actos del general Sanz Roldán, que «de abril a junio de 2012, actuando bajo la dirección o el consentimiento del acusado, coordinó una operación secreta para entrar y registrar la oficina y el apartamento de la demandante en Mónaco», para lo que contó con la cobertura de una compañía de seguridad monegasca y agentes del CNI, según recoge el documento publicado hoy.

De igual forma, quedarían excluidas las amenazas que supuestamente profirió contra la mujer en un hotel de Londres, el 5 de mayo de 2012, el general, que según la demandante le comunicó que no podía «garantizar su seguridad física ni la de sus hijos» si no cumplía con sus órdenes.