— Redacción Diario El Pueblo —

BRASIL

La Fiscalía General de Brasil le solicitó este martes a la Corte Suprema que declare inconstitucional el indulto que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, le concedió a los policías condenados por la matanza de 111 presos en la cárcel de Carandiru en 1992.

El Procurador General de la República, Augusto Aras, pidió al Supremo Tribunal Federal que, mediante una cautelar, suspenda de forma inmediata, por inconstitucional, los artículos del Decreto de Indulto de Navidad publicado por el líder ultraderechista el viernes pasado y que benefician a condenados por crímenes considerados como ‘hediondos’.

«Para el procurador, el decreto viola la Constitución por beneficiar agentes de seguridad pública condenados por crímenes que no eran considerados hediondos en el momento de su práctica, desde que fueron practicados en el ejercicio de la función e incluso aunque cometidos con violencia, con lo que extendió el beneficio a los policías involucrados en la llamada Matanza de Carandiru», informó la Procuraduría en un comunicado.

Postura de Procuraduría

Según el procurador general, «la Constitución veta la concesión de indultos a responsables por crímenes considerados hediondos (entre los que figuran homicidio, terrorismo y tortura), una evaluación que tiene que ser hecha en el momento de la edición del decreto y no en el momento de la práctica del crimen», agrega la nota.

Aras también alegó que el indulto igualmente viola artículos de tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Brasil y ya incorporados en la Constitución que prohíben el beneficio del indulto a autores de crímenes considerados como de lesa humanidad, como los de la matanza de Carandiru.

MATANZA

El indulto, que la Presidencia brasileña concede tradicionalmente en vísperas de Navidad a presos de avanzada edad o enfermos que ya han cumplido parte de su condena, fue extendido este año por Bolsonaro a militares y policías condenados por crímenes ocurridos hace más de 30 años, con lo que benefició a los autores de la famosa matanza carcelaria ocurrida en 1992.

Pese a que el indulto beneficia por lo general a autores de crímenes culposos (sin intención), el decreto del jefe de Estado lo extendió a agentes del Estado condenados por actos realizados por «su deber de actuar» o «en razón de riesgos» enfrentados.

De esa forma, el decreto benefició directamente a los 69 agentes que siguen vivos entre los 74 que fueron condenados a penas de entre 48 y 624 años por los 111 homicidios de presidiarios cometidos en octubre de 1992 en la cárcel de Carandiru, en Sao Paulo y la que fuera entonces la mayor cárcel de Brasil.