Por: José Colque

Cuatro de los trece presuntos integrantes de la organización criminal Los traficantes de La Pampa buscan salidas legales para evitar su incorporación al grupo delictivo que habría obtenido más de S/ 150 mil en ventas y desalojos de terrenos.

Tres de ellos apelaron argumentando motivos como la temporalidad de la investigación preliminar y la carencia de indicios para vincularlos a Los traficantes de La Pampa. Se trata del agente de Seguridad del Estado, Víctor Zevallos Bello y las ciudadanas Mery Caballero y Saturnina Quispe.

Según la Fiscalía, Zevallos habría favorecido a la organización criminal cuando estos eran denunciados por daños, lesiones, estafas, usurpación, entre otros delitos que cometían en San Camilo, Aspproducto.

Caballero y Quispe, según la imputación fiscal, coordinaban al interior de la Asociación ejecutando rondas para luego desalojar a socios que no se sometían a los pagos mensuales que superaban los S/ 200. También habrían incitado la participación de matones en actos violentos y ofrecían terrenos a otras personas.

Por su parte, el abogado René García Gonzales que está como no habido tras la detención de la organización criminal, presentó un hábeas corpus en contra de la fiscal Alejandra Cárdenas, que lleva el caso. El juzgado admitió a trámite la demanda requiriendo a Cárdenas emitir un informe documentado sobre la detención preliminar de García Gonzales y el allanamiento de su oficina.

Es preciso señalar que el letrado es acusado de asesorar al líder Juan Valencia y directivos para que cometan ilícitos sin ser descubiertos, coordinaba con malos efectivos para favorecer a la organización, todo ello a cambio de votos ya que, presuntamente, su objetivo era postular a la alcaldía distrital de La Joya en las próximas elecciones.