Por: Juan Sheput – El Montonero

Con el simplismo que caracteriza el debate político en nuestro país el análisis del fracaso de la política de reconstrucción empieza al revés, señalando culpables. Como es obvio, al empezar por el final, la confusión y falsedad es lo que primará en las conclusiones. Así, en lugar que el debate tenga resultados que permitan corregir rumbos, solo servirá para satisfacer odios y, lamentablemente, seguir mordiéndonos la cola, pues este tipo de discusiones simplistas nunca, nunca llevan a ninguna parte.

Si realmente queremos saber por qué en el Perú no hay una política preventiva o por qué no se realizan las obras necesarias para evitar que las desgracias se repitan año tras año debemos ir a las causas del problema y no a sus consecuencias. Pero primero debemos tener bien definido el problema, el cual es, desde mi punto de vista, que no hay una política de prevención y que no hay planificación que priorice a la obra física, cuando esta es necesaria.

Definido el problema debemos empezar a pensar en sus causas. La principal, para mí, es la ausencia de una política seria, técnica, de planificación. El daño que hizo el fujimorismo al liquidar el Instituto Nacional de Planificación y dejar en manos de los cajeros del Ministerio de Economía y Finanzas la función de planificación del Estado, es sideral. Mientras no exista una entidad que planifique y tenga efecto vinculante seguiremos como una veleta, moviéndonos al ritmo que el viento de la corrupción imponga.

El otro elemento es la falta de fiscalización, en todos los niveles del Estado, es decir en los gobiernos regionales, locales y nacional. Los congresistas no fiscalizan por el simple hecho que son depositarios de beneficios por parte de sus fiscalizados. Los parlamentarios son personajes pedigüeños de presupuestos o de obras físicas, que han generado un desorden tremendo y una gigantesca corrupción en todo el país. Tanto así que la Contraloría, premoderna y anticuada, no se da abasto para identificar los actos de corrupción ocurridos en municipios, gobiernos regionales y el gobierno central.

Que hay culpa en alcaldes y gobernadores, la hay; tanto o en menor dimensión que culpa hay en todos los presidentes de este siglo. La corrupción se descentralizó cuando el presidente Alan García eliminó controles en el 2006, cerrando el Consejo Nacional de Descentralización, ente que exigía capacidades y planes antes de que se otorgara el presupuesto. Sin el “escollo” del CND el dinero llegó de manera directa a los gobernadores convirtiéndose en estímulo para la corrupción.

Hay mucho que mejorar. El primer paso debe ser hablar sobre la realidad y con objetividad.