Por: José Colque

NO CUENTAN CON ESTUDIOS SUPERIORES

El Órgano de Control Institucional de Paucarpata advirtió a través de un informe que seis funcionarios de la Municipalidad Distrital no cumplirían el perfil que establece el Manual de Organización y Funciones (MOF) para los cargos en los que fueron designados en la presente gestión.

Mediante el informe de Orientación de Oficio Nº 0003-2023-OCI/1305-SOO detallaron que la subgerente de Promoción Social, Participación vecinal y SISFOH acreditó documentación como licenciada en Educación Secundaria en la especialidad de matemáticas, física y computación y como profesional técnico en Contabilidad. Pero el MOF específica que debe tener estudios superiores relacionados con dicha área. Según el portal de Transparencia, la subgerente en cuestión es Lizbeth Chambilla.

En el área de Desarrollo Económico Local se exige como requisito el título profesional de Trabajador Social o afines, pero el funcionario cuestionado es licenciado en Nutrición. En Fiscalización Tributaria se requiere una especialización en el área, pero la servidora es licenciada en Relaciones Industriales y Públicas. El portal de Transparencia muestra en dicho cargo a Eliana Enríquez.

Similares observaciones pesan en la Subgerencia de Calidad Ambiental y Salud y en el despacho de Secretaría General. En este último caso, OCI advirtió que a pesar de la documentación extensa que se presentó como experiencia, no se acreditan labores no menores a cinco años en el ejercicio o capacidad especializada.

Además de ello, OCI observó que la funcionaria a cargo de la jefatura de la oficina de Logística y Servicios Auxiliares, según el legajo que presentó, cuenta con título profesional de técnico en administración, pero el MOF establece estudios superiores o universitarios relacionados con la especialidad.

Es preciso indicar que la revisión de la documentación por parte de OCI fue de manera aleatoria. Vale recalcar que según la modificación de la Ley Nº 31676, el funcionario que designa, nombra, contrata, o encarga a otra persona que no cumple con requisitos legales para un cargo público podría ser reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 2 ni mayor a 4 años y con 60 a 120 días multa. Similar situación pasaría con la persona que acepta el cargo.