— Redacción Diario El Pueblo —

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que el procesado exministro, Geiner Alvarado López ha sido clasificado al Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro, conforme a los procedimientos establecidos, para cumplir la orden de prisión preventiva en su contra.

El pasado 9 de marzo, el juez Juan Carlos Checkley Soria admitió el requerimiento de prisión preventiva por 36 meses planteado por la Fiscalía contra el expresidente Pedro Castillo y el exministro de Transportes, Juan Silva. Sin embargo, la medida no fue la misma para Alvarado al considerar que mostró un comportamiento aceptable durante el proceso. El Ministerio Público apeló dicha decisión y consiguió que el exministro vaya tras las rejas.

Según la investigación fiscal, el extitular de Vivienda era uno de los operadores de Pedro Castillo y se encargó de direccionar millonarios proyectos desde el sector que manejaba.

Humberto Abanto, abogado de Geiner Alvarado, cuestionó la detención de su patrocinado en La Molina el pasado viernes. Según su versión, los agentes policiales no contaban con una orden judicial a la hora de intervenir al exfuncionario.

«A la hora que fue intervenido Geiner Alvarado, como se ha demostrado en los hechos, la Policía no contaba con una orden judicial en los términos que la Constitución describe. Lo que hicieron fue tomar a una persona, detenerla sin ese mandato judicial y enmarrocarla sin previsión legal», criticó en una entrevista a RPP.

Sobre este tema, Humberto Abanto, abogado de Geiner Alvarado, cuestionó el operativo policial que derivó en la captura del exministro. En su opinión, lo que se debió hacer fue una «operación de vigilancia y seguimiento» hasta que llegara la orden judicial debido a que, a su criterio, no es verdad que los agentes conocieran el documento judicial.

«Yo no puedo ponerle una mano encima, como autoridad estatal, a nadie sin un mandamiento escrito y motivado del juez. Él (Alvarado) entiende que ha sido capturado (pero) él no podía ser capturado. No puede darse lo que se ha dado. Al margen de que pensemos que la persona es un criminal, las reglas constitucionales hay que tomarlas en serio», indicó.