Por: Carlos Meneses

Se debe reconocer de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses de las autoridades.

La libertad de expresión implica poder comunicarnos y expresarnos libremente. Es un derecho necesario para vivir en una sociedad justa y democrática para acceder a la justicia y respetar los derechos humanos para todos por igual.

El derecho a expresar y difundir, buscar, recibir y compartir información e ideas sin miedo ni injerencias ilegítimas es esencial para nuestra educación, para desarrollarnos como personas, ayudar a nuestras comunidades, por el bien del país.

El respeto entre autoridades y hombres de prensa debe ser mutuo. Los gobiernos central, regionales y municipales deben garantizar el respeto a la libertad de expresión y facilitar el trabajo de la prensa. Y a su vez los periodistas deben desarrollar su trabajo de modo responsable y objetivo y, conducirse de manera mesurada ante cualquier coyuntura.

Sin embargo, el jueves último en una ceremonia pública en la Universidad Nacional de San Agustín ocurrió algo inaceptable y que no se puede volver a repetir: personal de seguridad del gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez Sánchez, maltrató y agredió a los periodistas que esperaban a la autoridad regional para abordarlo y recoger declaraciones sobre su quehacer  y también-porque no decirlo- sobre las acusaciones de presuntas contrataciones irregulares en el GRA.

Los comunicadores solo realizaban su trabajo, el cual es informar a la ciudad y; el gobernador Sánchez, como figura pública está obligado a informar su labor, a través de los medios de comunicación, a quienes confiaron en él y lo eligieron en el pasado proceso electoral. Y lo que es peor, Sánchez Sánchez no pronunció ni una sola palabra para desagraviar a quienes fueron maltratados.

A nuestro juicio, es preciso distinguir estos dos aspectos, porque en reiteradas ocasiones se confunden, de un lado, los ataques individualizados a periodistas o descalificación al trabajo que realizan.