COLOMBIA

Un contrato por 305 millones de dólares que firmó el Ministerio de Defensa a finales de 2022 ha llamado la atención, no solamente por la astronómica cifra, sino por los detalles del acuerdo. Mientras por un lado se señalan irregularidades, la entidad se pronunció por medio de un comunicado y aseguró que se ajustaba a la norma.

El contrato fue revelado por la revista Semana, a la que una fuente entregó detalles del acuerdo comercial para comprar 55 carros militares blindados 8×8. Al parecer, señalaba que el contrato presentaba sobrecostos que podrían ascender hasta

“Con relación a presuntos sobrecostos que se hubiesen presentado en la adquisición de dichos vehículos, el Ministerio de Defensa se permite precisar que, de acuerdo con la información disponible que ha sido corroborada, tal irregularidad no existe”, señaló la cartera dirigida por Iván Velásquez a través de un comunicado.

Los vehículos, que servirán para fortalecer las capacidades del Ejército Nacional principalmente en zonas de frontera, se entregarán gradualmente desde el 2026 cuando deberían llegar los primeros nueve, hasta 2032. En ese primer periodo por los próximos tres años el país pagaría 66,8 millones y el resto lo haría en cuotas anuales después de esa fecha.

Sin embargo, de acuerdo con Semana, llama la atención del acuerdo que pese a haberse firmado dentro de la figura Incoterms DPU (delivered at place unloaded) que consiste en que el proveedor entregue los productos en el lugar de uso, sería el Estado colombiano el que asuma esos costos. Eso generaría un mayor valor del contrato y sería desfavorable para las finanzas nacionales.

El Ministerio de Defensa señaló que “debe tenerse en cuenta que las actividades de almacenamiento y ejercicios de prueba, administración de ingeniería y gestión del programa, ingeniería no recurrente y actualización de manuales, son costos que están incluidos en el valor total del contrato; sin embargo, se le exigió al contratista discriminar los valores, en aras de identificar cuales servicios se ejecutarían en Colombia, con la finalidad de discriminar el pago de impuestos”.