«Ahora una vez concretada su extradición, Toledo está de vuelta en el Perú luego de 6 años, pasará a cumplir una prisión preventiva de 18 meses en el penal Barbadillo, junto al sentenciado Alberto Fujimori y al procesado Pedro Castillo».

Por: Carlos Meneses

El expresidente Alejandro Toledo llegó ayer a Lima extraditado desde EE.UU., en medio de extremas medidas de seguridad para responder ante la justicia peruana por los casos Interoceánica y Ecoteva.

Las autoridades peruanas a todo nivel y especialmente los representantes del Poder Judicial y el Ministerio Público han garantizado que tendrá un juicio justo y respetando el debido proceso.

El exmandatario debe enfrentar en el país a la justicia por delitos de corrupción que se le imputan por el caso Interoceánica, sin embargo, tiene otras investigaciones en curso.

El Gobierno peruano, en  mayo de 2018  remitió a Estados Unidos el pedido de extradición para  procesarlo por los delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias por presuntamente recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y del caso Ecoteva.

El proceso por Odebrecht, es considerado el mayor escándalo de corrupción en Latinoamérica, también alcanzó a los expresidentes Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, así como a la excandidata presidencial, Keiko Fujimori, exgobernadores regionales y alcaldes.
Y en el 2013, un informe periodístico reveló que la suegra de Toledo, Eva Fernenbug, había comprado el año anterior una casa valorizada en 3,8 millones de dólares en la urbanización Las Casuarinas y una oficina en el Edificio Omega valorizada en 882,000 dólares. 

En este caso, la Fiscalía acusa a Toledo de haber favorecido a la empresa Odebrecht en la licitación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica, y a la empresa Camargo Correa en el tramo 4 de la misma vía, a cambio del pago de coimas que habrían sido entregadas por medio de Josef Maiman.

Se espera deberá seguirse un proceso con las garantías que establece la ley procesal penal, y la importancia de la intervención del Poder Judicial y del Ministerio Público sin injerencia política alguna y evitar dilaciones que desvirtúen el real sentido de la justicia.