Por: Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto

Para un importante segmento de la población, especialmente en el sur, sigue latente la idea de que una nueva Constitución solucionará los problemas económicos y sociales que persisten en el país. Los proponentes de una Asamblea Constituyente insisten en plantear que el capítulo económico ha sido lesivo para los intereses nacionales y ha perpetuado un sistema desigual donde el desarrollo no les ha llegado a todos. Estando de acuerdo con que hay muchos problemas que se han agudizado en el Perú, discrepo con las recetas estatistas propuestas.

En una economía de mercado, el Estado (en sus tres niveles de gobierno) provee de servicios básicos a la población, regula el funcionamiento del mercado, impide los controles de precios, sanciona el abuso de la posición de dominio, tiene un rol subsidiario respecto a la actividad empresarial, no discrimina entre inversionistas nacionales o extranjeros, prohíbe que una ley cambie lo que acuerdan las partes en un contrato y no puede financiarse del Banco Central de Reserva. Sus principios y reglas explican la transformación innegable que ha vivido nuestro país desde los noventa. Así, entre 1992 y 2019, el PBI se triplicó en tamaño; la desigualdad de ingresos cayó en 25%; la pobreza se redujo en 40 puntos porcentuales; la inflación fue menos de 3% en promedio; la recaudación se multiplicó por 30 veces, y solo en la última década el presupuesto se multiplicó por cinco.

Estos resultados claramente contrastan con el desempeño de países que apostaron por recetas estatistas (y con nuestra propia historia). Además, es falso afirmar que los contratos suscritos por el Estado peruano han sido lesivos para el país. Basta revisar cómo la gran mayoría de laudos arbitrales internacionales han favorecido al Estado peruano en controversias con inversionistas extranjeros. También es falso afirmar que las empresas transnacionales no pagan impuestos y se llevan el 70% de sus márgenes. La realidad es exactamente al revés. La carga impositiva, las contribuciones, la participación de los trabajadores y la reinversión en el caso de la minería y los hidrocarburos dejan 70% de los beneficios en el país.

Mas aún, el rol redistributivo de un Estado se hace a través del gasto público y los impuestos, y en la Constitución vigente no hay nada que impida cambios en estas políticas públicas. El problema central radica en la incapacidad de traducir esa riqueza generada en desarrollo para grandes segmentos de la población. Esa responsabilidad recae en un Estado que despierta la desafección ciudadana y el rechazo por su indolencia, corrupción y falta de conexión con las legítimas necesidades de muchos peruanos. El problema no es constitucional, sino de gestión.