Por Carlos Meneses

Las causas, formas y alcances de la corrupción son cada vez más complejos y abarcan todos los ámbitos, tanto públicos como privados, de la sociedad peruana. La corrupción golpea más a los pobres y frena el desarrollo del país.

La corrupción es uno de los problemas más preocupantes para la población peruana y afecta directamente la legitimidad de las instituciones públicas. Las cifras son alarmantes y llega a las más altas esferas del gobierno, tal es así, que en estos últimos años, cuatro expresidentes del Perú han sido recluidos en el centro penitenciario Barbadillo tanto para cumplir una condena como la medida de prisión preventiva.
El último en ser internado en esa cárcel fue el extraditado Alejandro Toledo. Así, pasó a ser parte del grupo de ex mandatarios que pasaron por dicho centro junto con Alberto Fujimori, Pedro Castillo y Ollanta Humala.
Las regiones no están exentas de este problema. En Arequipa, lamentablemente es casi una rutina las denuncias de corrupción. Sobornos, malversación, nepotismo y tráfico de influencias en los procesos de toma de decisión son algunas de las manifestaciones típicas de esta somatización de los malos gobiernos.
Solo basta retroceder meses atrás, el Gobernador Regional y Alcalde Provincial procesados por presuntos delitos de corrupción. El primero en prisión y el segundo prófugo de la justicia, respectivamente.
Y en las últimas semanas, han salido a la luz denuncias relacionadas a irregularidades en la actual gestión del Gobierno Regional, en la Sociedad Eléctrica Sur Oeste, en la construcción del puente Chorunga en la provincia de Condesuyos, entre muchos otros casos. La Contraloría casi a diario alerta sobre presuntas irregularidades entidades públicas o en ejecuciones de obras.
El contralor general, Nelson Shack, anunció que se desplegarán equipos de auditores de la Contraloría a diversas obras de salud, educación, saneamiento e infraestructura que tienen retrasos o serias deficiencias en su ejecución.
Por ello, es impostergable mejorar los mecanismos de regulación y control de la función pública; mejorar los mecanismos de entrada a la política y a cargos de funcionarios públicos; activar o comprometer a la ciudadanía para que monitoree a los funcionarios y promueva la rendición de cuentas y; finalmente se requieren leyes que penalicen a las personas que incurran en delitos de corrupción.