Por: Carlos Meneses

Todos los gobiernos deben contribuir con la labor de los periodistas, removiendo los obstáculos que limitan la pluralidad informativa y asegurando el ejercicio pleno de la libertad de prensa.

Para asegurar el libre y efectivo ejercicio de los derechos a la libertad de expresión e información de la ciudadanía, es indispensable que los medios de comunicación puedan difundir todos los hechos noticiosos relacionados con la actuación y quehacer de las autoridades, en la medida que son asuntos de interés público.

Semanas atrás, el gobernador regional, Rohel Sánchez Sánchez, fue objeto de denuncias sobre presuntas irregularidades en la contratación de personal, por la injerencia de terceras personas; altos sueldos para funcionarios de su entorno que no cumplían el perfil necesario para desempeñarse en los cargos a los que fueron designados, entre otros cuestionamientos.

A partir de entonces, la autoridad regional prefirió guardar absoluto hermetismo y negarse rotundamente declarar a la prensa. En una ocasión, en una actividad en la Universidad Nacional de San Agustín, miembros de seguridad personal del Gobernador, en una actitud reprochable, empujaron y atropellaron a los periodistas que esperaban a Sánchez para entrevistarlo.

Lejos de recibir las disculpas del caso, la hostilidad del Gobernador Regional se ha evidenciado en una conferencia de prensa y en su presentación en el Consejo Regional, dónde precisamente fue citado para dar explicaciones sobre las denuncias referidas en anterior párrafo. En ambos actos, rehusó dialogar con los hombres prensa y en todo momento se mantuvo reacio a brindar declaraciones.

Incluso ha reforzado su seguridad particular para impedir que los periodistas se le acerquen y cumplan con su labor de informar a la población.

Es cuestionable que las autoridades, y en concreto, el Gobernador Regional, tenga una actitud hostil y poco asequible para con los comunicadores, lo cual condice con el perfil democrático que debe tener todo aquel que nos gobierna.
Los hechos descritos constituyen un absoluto contrasentido, dado que es deber de todas las autoridades garantizar y proteger derechos fundamentales y no obstaculizar el derecho de la ciudanía de estar informado y, también debe recordar que como figura pública él está obligado a rendir cuentas a toda una región, que lo eligió para trabajar para lograr el ansiado desarrollo.