Por Juan Sheput – El Montonero

Transcurridos unos días desde que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentara su ya célebre informe, no sé qué podría haberme causado más indignación: las conclusiones de la CIDH respecto a la responsabilidad del gobierno en los resultados fatales de las revueltas o la actitud del propio gobierno, de Dina Boluarte y su premier Alberto Otárola, cada vez que han tenido que rendir cuentas ante terceros sobre su participación en dichos lamentables sucesos. Debido a las implicancias y efectos que tienen sobre la política peruana, creo que lo segundo.

No deberían haber sorprendido las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte a El Comercio el último domingo. Y no deberían sorprender pues era la tercera vez que el Gobierno se lavaba las manos sobre los hechos investigados. Como recordarán, en sus declaraciones la presidenta señaló que, tácitamente, la responsabilidad sobre los hechos que culminaron con el fallecimiento de más de sesenta personas, era responsabilidad del Comando de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

Estas declaraciones corroboraban, comprobaban que, el trasladar la culpa a los altos mandos de militares y policías era una decisión política de Boluarte y Otárola pues días antes, el semanario Hildebrandt en sus Trece, había sacado a la luz la carta que remitió el propio gobierno peruano a la CIDH señalando este hecho. Si la posición del gobierno hubiera sido distinta (que, por ejemplo, libere de responsabilidad a las FF.AA. y PNP y la traslade a los revoltosos) esta habría salido en el Informe. Si no hay nada de ello en el documento es porque el Gobierno no quiso decirlo y más bien con su carta de respuesta convalidó la posición de los representantes de la comisión.

Pero estos dos hechos presentan otro antecedente: las declaraciones del propio Alberto Otárola ante la Fiscalía. En ellas, según denuncias periodísticas, el premier habría señalado lo mismo que dijo la presidenta, pero varios meses atrás. Siendo el premier el vocero oficial del Gobierno, según lo señala la Constitución, estas acciones declarativas nos muestran a una dupla temerosa, que prefiere la táctica de prevención judicial personal antes que defender una posición de Estado. Una actitud muy penosa, por cierto.

Lamentablemente para efectos prácticos no tenemos un Congreso que fiscalice este tipo de maniobras personales de prevención jurídica que perjudican al país. El Congreso se comporta con Otárola como antes se comportó con Aníbal Torres. Lo único que busca es su supervivencia.

El Informe de la CIDH merece críticas, por cierto. Pero que se tome en cuenta que sus conclusiones han sido avaladas por Dina Boluarte y Alberto Otárola, tal y como se demuestra en sus cartas y declaraciones. Las Fuerzas Armadas y PNP están abandonadas a su suerte. Deben tomar nota que no deben esperar respaldo político ni de la presidenta ni el premier y mucho menos de un ministro de defensa que, como Jorge Chávez Cresta, simplemente está pintado en la pared.