Por Martín Taype – El Montonero

Como es de público conocimiento, nuestro país enfrenta muchos problemas dentro del ámbito del contexto interno, y también por el impacto del adverso contexto económico y geopolítico externo. Y la inseguridad ciudadana es uno de los mayores problemas del Perú, estamos cansados de escuchar en los medios de prensa hechos delictivos a diario. El combate a la inseguridad ciudadana en nuestro país compete al Estado peruano, porque es su deber constitucional mantener y salvaguardar el orden interno. Solo así se puede tener un clima de confianza en la población ante los actos delictivos que ponen en peligro su integridad física, su vida, su patrimonio, y también evitar su influencia negativa en el clima de negocios.

Debemos tener claro que para combatir la inseguridad ciudadana se debe también enfrentar a la corrupción y contar con la participación activa de la ciudadanía organizada, como apoyo a la Policía Nacional. También el fortalecimiento del serenazgo municipal y la inversión en tecnologías de punta como las video cámaras y drones para vigilar las 24 horas del día las calles. Pero esto no funcionará sin contar con un Poder Judicial justo, que aplique a cabalidad las penas para los actos delictivos, sancionando eficazmente a los delincuentes y defendiendo a los ciudadanos usuarios legales de armas de fuego y efectivos de las fuerzas del orden que, en legítima defensa o cumpliendo su deber, abatan a los delincuentes.

Me encuentro en absoluto desacuerdo con el uso de las fuerzas armadas en la lucha contra la delincuencia o promulgar medidas restrictivas sobre la portabilidad de armas, para eliminar las armas ilegales en las calles. No es necesario promulgar nada con respecto a la portabilidad de armas, las leyes existentes son claras, hay responsabilidad penal por tenencia ilegal de armas, que es diferente a la tenencia irregular. Lo que se debe promulgar es la aplicación en el Perú de la Doctrina Del Castillo.

Actualmente existe un proyecto de Ley (el N° 05257/2022-CR) aprobado en la Comisión de Justicia del Congreso de la República (23.06.2023) y que espero que el pleno lo apruebe a la mayor brevedad por considerarlo un avance. Este proyecto de ley plantea modificar el artículo 20 del Código Penal Peruano, brindando protección legal a los individuos que defienden la inviolabilidad de su hogar, vehículo, lugar de trabajo o negocio ante un atentado contra la integridad personal o de su entorno familiar. Quedarían exentos de responsabilidad penal cuando en legítima defensa empleen la fuerza u otros medios de defensa, incluso si esto resulta en lesiones o la muerte del agresor. 

Asimismo, se considerará inimputables a aquellas personas que utilicen fuerza letal cuando sean amenazadas ilegalmente con explosivos, armas de fuego, armas punzo cortantes o réplicas que simulan serlo y que razonablemente induzcan a creer que pueden causar daño a sí mismos o a sus familiares.   

Por ello, debemos apoyar a los ciudadanos honestos que desean ejercer sus derechos constitucionales –como lo son el de la vida, la legítima defensa, la seguridad personal y de la propiedad– y que poseen legalmente sus licencias de uso de armas de fuego y cuentan con sus respectivas tarjetas de propiedad de cada una de sus armas, a fin de que puedan ejercer su derecho a la autodefensa. De esa forma podremos disminuir los índices de actos delictivos en nuestro país, dando tranquilidad a la población y creando un clima de confianza y seguridad para la población y los negocios.