Por: Alejandro Paz S.

Es derecho del ciudadano el cuestionar a sus gobernantes, sobre todo si los ha elegido, este derecho va de la mano con el derecho de opinión el cual puede expresarse en disconformidad como el de efectuar protestas públicas. Es decir, asumir una actitud y activismo en grupo. Pero como todo derecho, tiene límites, como el no atentar contra la integridad de otros individuos, respetar los bienes públicos como la propiedad privada, y sobre todo respetar a la autoridad encargada de resguardar el orden interno, en nosotros la Policía Nacional.

Dentro del purismo del derecho de protesta éste no se queda usualmente en una marcha pacífica portando pancartas, banderolas, acompasado de arengas y cánticos revolucionarios, se va mas allá, el ambiente se enrarece y suele llegarse a la agresión, a la destrucción de bienes públicos y privados, a la desobediencia de la autoridad custodia del orden público, el desborde en masa toma el control de la protesta. Menos se expresa en las urnas.

La respuesta inmediata, obviamente calculada, preparada, presta a responder también con agresión lícita defensiva es de parte de la policía, importa el enfrentamiento entre ciudadanos, mientras los políticos que azuzan a los manifestantes no están al enfrente, se visten de estrategas con tácticas ultra secretas, se les enciende la vela de la oscuridad del complot. Los otros, del gobierno, hacen su planeamiento estratégico en un escenario de maqueta, que en el campo no intervienen, sino lo hacen los sub oficiales. Es lo que se quiere que se informe por parte del gobierno, pues el principio de autoridad se ve endeble.

Las protestas son contra el actual Congreso desacreditado por sí mismo, sin legitimidad por su actuar alevoso, por el obrar sombrío de sus miembros, con una Mesa Directiva complaciente y cómplice de excesos y actos irregulares, donde la moral no cuenta, si no las componendas por intereses particulares y no institucionales, dejando al margen su rol de representatividad y fiscalización bajo el manto de la impunidad, del que se devotan con el sueldo de sus colaboradores. Se evoca, así, que si en cuna, en el hogar, no se tuvo formación moral, de valores, qué se puede esperar ya de esta representación congresal, dónde quedaron sus títulos y pergaminos, tal vez detrás de una puerta sombría, sin lumbre que ilumine alguna buena conciencia.

Las protestas anunciadas también van contra la presidenta, que bien simuló convocatoria a elecciones, intenciones que quedaron en nada. No tiene la fuerza ni voluntad de hacer cambios en entidades cuestionadas, como EsSalud, el Ministerio de Trabajo, y más. Es inaceptable que se vislumbre pacto político con APP, cuyo dirigente máximo aparee coordinando con congresistas de su partido para que aprueben normas para mejorar su presencia política en La Libertad, es irracional, de no creer.

La estabilidad política del país no se va a dar con mensajes subliminales o presentaciones de firmeza tras las cámaras, la estabilidad política se va dar con cambios en las instituciones públicas cuestionadas, demostrando la presidenta que más allá de desear quedarse hasta el 2026 está primero el país, no debe esperar el desborde del pueblo, debe tomar la decisión política de dar término a un Congreso que perdió todo respeto, respeto a la sociedad como el respeto de la sociedad.

Monseñor Javier del Río ha invocado que las protestas deben ser pacíficas, que no generen inestabilidad social y que no se perjudique el desarrollo del país, estamos de acuerdo. No obstante, esta otra toma de Lima es la respuesta ante la desacreditación del Congreso y de un Ejecutivo que se aleja de la sociedad.