Alrededor de 200 procesos de delación en casos de criminalidad organizada están en grave riesgo si el Ejecutivo no observa la norma de colaboración eficaz aprobada por el Parlamento. Efectos se sentirán en la lucha contra la corrupción y la inseguridad ciudadana.

LEY PERJUDICARÁ CERCA DE 200 PROCESOS

Al menos 200 procesos de colaboración eficaz actualmente en marcha en casos de corrupción y crimen organizado corren riesgo de caerse con una ley aprobada por el Congreso, la cual modifica esta herramienta. De acuerdo con fuentes de El Comercio, entre estos están las colaboraciones en los casos ligados al expresidente Pedro Castillo que investiga el equipo especial contra la corrupción en el poder y la Fiscalía de la Nación.

Además, distintos actores del sistema de justicia consultados advirtieron que esta norma también afectará a las colaboraciones eficaces en casos de narcotráfico, terrorismo, trata de personas y delincuencia organizada ligada a casos de robos, extorsiones y estafas.

En todos esos procesos, una herramienta de investigación esencial es la colaboración eficaz: el arrepentimiento y las delaciones de personas que estuvieron involucradas en esos delitos a cambio de beneficios negociados con la Fiscalía. El consenso entre las fuentes consultadas por es que la ley terminará desincentivando ese arrepentimiento, les quitará la principal herramienta a los investigadores y, consecuentemente, terminará favoreciendo al crimen organizado, tanto en la corrupción como en la inseguridad ciudadana.

Según El Comercio, a los 54 procesos de colaboración eficaz del caso Lava Jato que se verían afectados por esta ley, tal como advirtió la procuradora ad hoc Silvana Carrión, se suman unos 117 en los que es parte la Procuraduría Anticorrupción. Además, hay otros 80 casos que ve directamente la Procuraduría General del Estado, los cuales involucran a altos funcionarios como presidentes, congresistas, ministros, jueces supremos y fiscales supremos.

El diario capitalino  pudo conocer que entre los procesos de colaboración en riesgo están los que brindan información a indagatorias ligadas a Pedro Castillo, sus exministros y a actuales congresistas, además de delatores del caso Cuellos Blancos del Puerto y del mencionado caso Lava Jato.

Solo en los casos ligados a Pedro Castillo, por ejemplo, hay 18 colaboraciones eficaces en trámite. Si la ley entra en vigencia, todas ellas corren el grave riesgo de ser cerradas en los próximos meses sin que se haya podido llegar a firmar un acuerdo o sin que se haya podido culminar la corroboración. Esto complicaría al Ministerio Público en su meta de cerrar sus indagaciones y eventualmente conseguir condenas contra los implicados.

Solo por poner dos ejemplos: la colaboración eficaz de Karelim López, clave para las investigaciones del caso Puente Tarata y el caso Los Niños, comenzó en febrero del 2022. Con la nueva ley se establece que las colaboraciones deben cerrarse en un plazo de 8 meses, el cual hubiese sido insuficiente en el caso de la empresaria. A la fecha, por la complejidad de los delitos y las negociaciones, su proceso aún está a la espera de la firma del acuerdo final.

En tanto, la colaboración eficaz de Salatiel Marrufo, vital en las revelaciones del caso Sada Goray y el Ministerio de Vivienda, comenzó en noviembre del 2022. Con la norma aprobada por el Congreso, el proceso debería cerrarse en las próximas semanas, dentro de un plazo insuficiente para lograr el objetivo de la Fiscalía: corroborar todo lo dicho, negociar con delator un acuerdo y poder usar su testimonio como prueba en un eventual juicio.

La ley en cuestión fue aprobada el pasado jueves 22 de junio, al filo de la medianoche y al cierre de la legislatura. Obtuvo 83 votos a favor, 27 en contra y tres abstenciones; y se le exoneró allí mismo de segunda votación. Un informe publicado por El Comercio advierte que de los legisladores que apoyaron la norma en el pleno, 33 arrastran investigaciones fiscales.

El proyecto pasó antes por la Comisión de Justicia, durante la presidencia de Gladys Echaíz (2021-22) de Renovación Popular. En esa fase, representantes del Ministerio Público, el Poder Judicial, la procuraduría y el Ministerio de Justicia –es decir, los que hace uso en la práctica de la colaboración eficaz- se manifestaron en contra. El equipo especial Lava Jato de la Fiscalía emitió por entonces un pronunciamiento en rechazo a ese proyecto.

Pese a ello, en enero del 2022 se aprobó un dictamen favorable, el cual fue puesto a votación del pleno del Congreso en octubre, aún durante el gobierno de Pedro Castillo. Allí fue rechazado con 39 votos y 54 en contra. Sin embargo, el actual titular de la Comisión de Justicia, Américo Gonza (Perú Libre) presentó ese mismo día una reconsideración que recién se votó y se aprobó el 21 de junio pasado. Al día siguiente, la ley recibió luz verde con votos de bancadas como Fuerza Popular y APP, que se habían opuesto solo meses atrás.

Desde entonces, la ley aún no entra en vigencia porque no ha sido enviada al Ejecutivo para su publicación en el diario oficial El Peruano. Además, podría ser observada por el gobierno de Dina Boluarte. Así se ha pedido desde la Procuraduría General del Estado (PGE).

¿QUÉ SE CUESTIONA ?

Las críticas a la ley son esencialmente tres: el establecimiento un plazo de ocho meses para cerrar el proceso de colaboración eficaz y llegar a un acuerdo; la obligación de que las declaraciones sean grabadas en audio y video; y la obligación a que se firme un acuerdo preliminar al inicio de la colaboración donde se deje establecido de antemano qué beneficios recibirá el delator.