Por Carlos Hakansson – El Montonero

El Estado de Derecho es una expresión alemana difundida en Europa continental e Iberoamérica que, como un mantra, alude a la institucionalidad jurídica y democrática en una comunidad política. Si la cultura germana tiene al concepto de Estado como punto de referencia para sus instituciones, parece coherente que también se exprese en el ordenamiento jurídico. Los ingleses, en cambio, usan el concepto de Rule of Law para aludir a la importancia capital de un mismo juez e igual Derecho para todos y por igual. La traducción más correcta es Imperio del Derecho. Una posición intermedia proviene del régime administratif francés, probablemente el más influyente durante el siglo XIX y parte del XX; el cual distingue el régimen laboral del funcionario público frente al trabajador privado, así como la presencia de órganos administrativos sancionadores, con quiénes los ciudadanos deben litigar antes de recurrir a los jueces obviando el principio nemo iudex in causa sua, además de dictar las disposiciones con las que se resolverá la litis.

No nos ocuparemos de cuál concepto es mejor o más cercano y coherente al nacimiento de la teoría constitucional, pero sí de las condiciones generales que una comunidad política debe alcanzar para realizar el Estado de Derecho. Es decir, una correcta administración de justicia, respeto a los principios y reglas constitucionales por parte de cualquier autoridad, funcionario y persona. Si bien la judicatura ejerce una función menos protagónica que la ejecutiva y legislativa, los jueces aparecen cada vez que se amenaza o quiebra el ordenamiento jurídico; en segundo lugar, observamos que como una constante que todo país desarrollado y democrático cuenta con un poder judicial de prestigio, independiente e inamovible. 

La estabilidad, gobernabilidad y alternancia democrática reposan en la solidez de su judicatura. En efecto, los países con mayor estabilidad y gobernabilidad política cuentan con una judicatura que aporta predictibilidad a sus decisiones, confianza y seguridad jurídica. A diferencia de países con déficit institucional, más dedicados en elevar las penas a graves delitos, duplicarlas hasta declarar imprescriptibles los delitos por corrupción. La buena salud del Estado de Derecho se aprecia cuando no existe impunidad, es decir, que todos los ciudadanos sean iguales ante la administración de justicia. A todos se nos aplica el Derecho a cargo de un juez predeterminado por la ley y a gozar de unas mínimas garantías durante un proceso judicial (due process of law).

La impunidad erosiona el Estado de Derecho que termina por vulnerar el principio-derecho a la igualdad ante la ley. En consecuencia, tampoco podríamos ver realizada con plenitud la igualdad formal y material entre los ciudadanos. El verdadero golpe contra la corrupción, el crimen organizado, la violencia e inseguridad ciudadana comienza en consolidar el poder judicial y ministerio público en su autonomía funcional y económica; junto al trabajo de una policía con los medios humanos y materiales para cumplir su labor.

Tampoco resulta extraño que Alexis de Tocqueville cambiara su tema de investigación durante su periplo en América del Norte; cruzó el Atlántico para estudiar la realidad carcelaria en los Estados Unidos y terminó observando el estado de igualdad alcanzado para una joven República. El Estado de Derecho es el termómetro que mide la temperatura democrática de una comunidad política libre, pues, donde impera la impunidad se produce una clara afectación a la vida, la libertad, igualdad y propiedad en cualquier sociedad. El germen que produce candidatos radicales que brindan soluciones a ciudadanos con grave desafección política.