Por: Carlos Meneses

Al mes de junio del presente año, según el MINEM son S/ 3,134 millones en trasferencias mineras. De este total, Arequipa recibió 366 millones, ubicándose en tercer lugar, luego de Ancash y Tacna.

Si analizamos la contribución de la minería en términos de canon y otras regalías, lamentablemente la efectividad de la distribución y ejecución de estos recursos no tiene el impacto esperado en el desarrollo del país.

Según mediciones y análisis se determina que el régimen tributario minero presenta ciertas debilidades, debido a la existencia de minería informal que no aporta canon ni regalías, la repartición inequitativa de presupuesto, y finalmente la ineficaz ejecución de los proyectos de inversión financiados con estos recursos, que no cumplen la finalidad pública que es la disminución de la pobreza, principalmente.

El Perú es un país con inmensa cantidad y calidad de recursos naturales, especialmente mineros; con ellos se pretende impulsar el desarrollo sostenible, en tres ejes, económico, social y ambiental; esta actividad ha tenido respaldo y protección a través de diversas inversiones, con la única finalidad de producir y fortalecer el desarrollo y crecimiento en las zonas de influencia de estos proyectos, por lo que, expertos en la materia consideran que tales políticas no trajeron los beneficios esperados.

A nivel internacional el Perú, ocupa un lugar primordial, jugando así un rol significativo en esta industria. Lamentablemente las políticas gubernamentales no son bien encaminadas, ya que reactivar la actividad minera, no ha sido considerada de manera favorable en el aspecto social y ambiental, generando impactos negativos reflejados en conflictos sociales y pasivos ambientales, que equivalen a la suma de todos los daños no compensados producidos en forma directa e indirecta al ambiente,.

En este sector no sinceran la recaudación de impuestos a nivel de explotación de los recursos, mucho menos a nivel de impactos negativos; a pesar de todo ello, existe un incremento considerable en la recaudación en términos de canon y regalías. Estos ingresos deben ser destinads exclusivamente a infraestructura e investigación, con el solo objeto de lograr el bienestar común; contrariamente a estos objetivos, la función pública en las diversas unidades ejecutoras no ha permitido demostrar un uso eficiente de estos recursos económicos que refleje satisfacción en los ciudadanos de a pie.

Los gobiernos nacionales, regionales y locales que disponen de estos recursos, piensan que estas transferencias son un derecho adquirido, cuando en realidad son recaudaciones transitorias y volátiles; pese a ello, las expectativas son altas y por ende insatisfechas, generando conflictos sociales y disconformidades.