A un día del reinicio de las protestas contra el gobierno central, el jefe de la Oficina Defensorial, Ángel María Manrique Linares, exhortó a las autoridades del sector educativo a garantizar el derecho a la educación de los escolares de Arequipa. Razón por la que instó a la Gerencia Regional de Educación de Arequipa (GREA) a emitir un pronunciamiento oficial sobre la continuidad, o no, de las labores escolares durante las movilizaciones sociales.

Aproximadamente 20 mil trabajadores marcharán por las calles de Arequipa durante la «Toma de Lima»; situación que podría poner en riesgo el bienestar de los escolares. Por ello, desde la Defensoría del Pueblo instaron a que la gerenta regional de Educación, Cecilia Jarita Padilla, emita una pronunciamiento sobre la continuidad de las labores escolares. Sin embargo, esta decisión no debe limitarse solo a un comunicado, sino que debe responder a análisis de riesgo adecuados. Según Manrique Linares, las autoridades educativas deben recabar información y coordinar con los directores de las instituciones educativas, para determinar el riesgo al que está sujeto cada plantel.

«Exhortamos a la Gerencia Regional de Educación y a las Unidades de Gestión Rducativa a que cumplan su responsabilidad. En primer lugar, debe recabar información, elaborar un diagnostico real y tomar una decisión. No debe ocurrir que, como en escenarios pasados, se emita un comunicado suspendiendo las clases, el mismo día y a minutos antes de la hora de ingreso», cuestionó Manrique Linares.

El defensor instó a priorizar la continuidad del ciclo escolar, más aún tras el periodo de educación virtual, pero sin poner en riesgo el bienestar de los alumnos. «Los alumnos se encuentran actualmente finalizando el semestre académico, por lo que le pedimos a la gerenta de Educación que efectúe –con responsabilidad– una decisión que garantice el derecho a la educación de los estudiantes», acotó Manrique.

Para Manrique, es importante que una suspensión de clases se realice diferenciado el riesgo real de cada región. Para ello, recomendó a la GREA tomar en cuenta las zonas de mayor riesgo ante la marcha y, de considerarlo necesario, suspender las labores escolares solo en los colegios en riesgo por las movilizaciones.
Caso contrario, sería irresponsable una suspensión generalizada que no responda al contexto propio de cada distrito y provincia.

«Anteriormente se suspendieron labores en toda la región, pero en La Unión y Condesuyos no pasó nada. Se afectó a los niños que residían en zonas rurales. Por eso exhortamos que no se tomen medidas irresponsables e inoportunas. Corresponde a la autoridad educativa priorizar el derecho a la educación», sostuvo el defensor.

Además de esta situación, el Defensor lamentó que la gerenta de Educación, Cecilia Jarita, haya estado ausente durante la reunión del ‘Comité de Prevención de Conflictos’ –ocurrido la mañana del lunes 17–, pues allí se expusieron acciones preventivas.