Por Antero Flores-Araoz

Entre las causas que impiden las inversiones o deterioran las existentes, hay dos que tienen un peso específico importante, como son la desconfianza y las trabas burocráticas.

Es más que evidente que si existe conmoción social, conflictividad política, desorden en el manejo de la cosa pública, violencia callejera, atentados contra la vida e integridad de las personas, así como destrucción de la propiedad pública como privada, ello generará desconfianza sobre todo de los agentes económicos que interrumpirán la ampliación de sus inversiones o quitarán al Perú como posibilidad de ser receptor de ellas. Recuerdo que Roberto Ramírez del Villar nos decía que el órgano más sensible del empresariado es la billetera.

Hay otro elemento que atenta gravemente contra las inversiones. Y como ya hemos advertido, es la exagerada tramitología, las absurdas barreras burocráticas que llevan al cansancio y aburrimiento al inversor, que termina por tirar la toalla e irse a poner sus capitales en países en que son bien recibidos y tratados.

No es que estemos contra los trámites para obtener permisos, autorizaciones y licencias, ni tampoco contra la burocracia que debe evaluar las peticiones que le son presentadas. Estamos en contra de los cuantiosos y costosos, así como interminables requisitos y presentación de papeleo para cualquier cosa que aburre al administrado, quien como repetimos termina por abandonar sus pretensiones de inversión.

El Estado ha comprendido la situación, más aún décadas atrás dictó la Ley del Proceso Administrativo General, que reguló adecuadamente la tramitología y que sin embargo, pese a las actualizaciones que ha tenido no se cumple a cabalidad como debía ser.

También el Estado ha dictado infinidad de normativa para la simplificación de los trámites, también creó innumerables comisiones de expertos para que estudiaran y resolvieran el problema, incluso encomendó al Indecopi, (una de las pocas instituciones del Estado que más o menos funciona), que se encargase de expulsar del sistema las barreras burocráticas en los tres niveles de gobierno, sea por ser ilegales o por carecer de razonabilidad.

En efecto, en diciembre del 2016 y en atención a facultades legislativas delegadas, el gobierno de aquel entonces encomendó al Indecopi expulsar las barreras burocráticas ilegales o irrazonables, ello mediante el Decreto Legislativo 1256 modificado poco tiempo atrás por la Ley 31755.

En la misma norma se dispuso que tal función del Indecopi fuese ejercida en dos instancias administrativas, sea atendiendo a denuncia de parte como también haciéndolo de oficio, debiendo llevar un registro de las expulsiones del sistema, cuando ellas son de carácter general y no circunscrito al caso concreto. También debe informar anualmente al Congreso sobre las decisiones que tome sobre el particular.

Bueno pues, teniendo la batería legal el Indecopi para ejercer la función a la que nos referimos, no puede mostrar mayores logros. Por eso, desde el Congreso, en ejercicio de su labor fiscalizadora, debería exigírsele no solo información sino resultados, pues lo cierto es que las barreras burocráticas son, por decir lo menos, una lacra.