El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate, consideró que el plazo de ocho meses para concluir con el proceso de colaboración eficaz, como propone la autógrafa aprobada por el Congreso, no es adecuado y «rompería» esta herramienta de la Fiscalía para detectar a los autores del crimen organizado.

Daniel Maurate explicó las razones del Gobierno para observar la modificación de plazos que plantea el proyecto de ley. Además, aseguró que coincide con la Fiscalía, la Procuraduría del Estado y algunos abogados, en las críticas a este tema.

«Ocho meses es un plazo no adecuado y que rompería esta herramienta importante que tiene la Fiscalía para detectar a los autores del crimen organizado (…) Desde el Ejecutivo, consideramos que un plazo razonable sería 36 meses, es decir tres años, que es el plazo máximo que tiene el Código Procesal Penal para las investigaciones. Ocho meses prorrogables a cuatro y a ocho, en caso de crimen organizado, lo que se estaba perpetrando era una afectación grave a esta herramienta y con lo cual podrían quedar en riesgo muchas investigaciones», dijo.

Maurate destacó que la citada autógrafa de ley del Congreso tiene aspectos buenos como la regulación del comportamiento del aspirante a la colaboración eficaz. 

Sin embargo, el ministro de Justicia señaló que debe considerarse en esta nueva ley el «resguardo» a las declaraciones del aspirante a la colaboración eficaz.

«Se está regulando la sanción a aquel funcionario o fiscal que revele o delate la información de un aspirante a colaborado eficaz. El resguardo de estas declaraciones está en el artículo 409 del literal b del Código Penal, pero esta figura del aspirante no está, entonces lo que estamos diciendo es de que debe también considerarse el resguardo a las declaraciones del aspirante a colaborador eficaz», manifestó.