Por: Ricardo Montero

La historia del Perú está marcada por momentos de grandeza y progreso, pero también por conflictos y dificultades causados por individuos carentes de ética. Por ello, más allá de los festejos, las Fiestas Patrias se constituyen en el espacio ideal para que los peruanos reflexionemos sobre nuestro comportamiento ético.

Hoy, el enorme reto de buscar un proceder más íntegro y responsable nos interpela a tal punto que todos, desde el ámbito personal hasta el profesional y gubernamental, deberíamos fomentar valores relacionados con la honestidad, la transparencia y el respeto a los demás.

La lucha contra la corrupción es en este momento nuestro principal desafío ético, teniendo en cuenta que esta tara nos hunde en mayor pobreza y dinamita la confianza en las instituciones, debilitando la estructura política, jurídica, económica y social del país.

Solo en el 2021, la corrupción causó pérdidas al país por 24,262 millones de soles, un 13.6% del presupuesto nacional devengado o ejecutado, según cálculos de la Contraloría. En ese mismo año, la pobreza monetaria afectó al 25.9% de la población. La corrupción fue una de las causas que llevó a que uno de cada cuatro peruanos no contara con los 378 soles mensuales que era el valor de una canasta básica de consumo al 2021.

La lucha contra ese flagelo solo se fortalecerá si los líderes en todos los sectores establecen una alianza para promover una cultura de integridad y rendición de cuentas, que coadyuve a restituir la confianza en las instituciones, que en una democracia son las estructuras que garantizan el funcionamiento adecuado del sistema y protegen los derechos y las libertades de los ciudadanos. Estas instituciones no solo incluyen a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sino también a organismos como el Electoral, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil, que deben actuar con absoluta independencia y libertad.

Recuperar la confianza en ellas es esencial para fortalecer una democracia ahora poco saludable. Para lograrlo, tenemos que promover la transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y el fortalecimiento de la participación ciudadana. Además, es vital que los líderes políticos y las instituciones trabajen para abordar los problemas reales de la sociedad y buscar soluciones inclusivas y equitativas.

La confianza en las instituciones es un pilar fundamental para mantener la legitimidad de la democracia y asegurar un funcionamiento eficaz y justo del sistema político porque propicia un equilibrio de poder, evitando concentraciones excesivas y previniendo abusos, obliga a rendir cuentas, protege los derechos y las libertades individuales, fomenta la participación ciudadana, da estabilidad y continuidad a la democracia y fortalece las políticas de lucha contra la corrupción.