Por: Christian Capuñay Reátegui

No cabe duda de que el Congreso es la institución pública más cuestionada por la población. Las encuestas muestran que el rechazo a dicho poder del Estado supera el 90%.

La Mesa Directiva y la mayoría de los legisladores arguyen que esta altísima desaprobación constituye una tendencia presente en la mayoría de los países. Asimismo, sostienen que las irregularidades y actos de corrupción cometidos por algunos parlamentarios impactan en la imagen institucional.

Algo de cierto hay en estas afirmaciones. Los congresos no gozan de amplia popularidad en América Latina y en la mayoría de los contextos sus integrantes son vistos como privilegiados e interesados solamente en cautelar intereses particulares. Es verdad, además, que justos suelen pagar por pecadores y que las inconductas de algunos perjudican al conjunto.

Sin embargo, estos actos explican solo en parte la extendida condena de los peruanos al Parlamento. Si se quieren encontrar causas de fondo para explicar el problema es preciso considerar también la decisión de ciertos grupos legislativos de desbaratar algunas de las reformas más importantes de los últimos años, las cuales gozaban de respaldo en amplios sectores de la población. Un ejemplo paradigmático es lo sucedido con la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), entidad cuyo modelo de supervisión independiente quedó afectado por la intervención del Congreso. Resulta indudable que tal actuación en este tema constituye un motivo de rechazo justificado de los ciudadanos, pues se difundió en ellos la idea de que la calidad educativa de sus hijos se afectará a raíz de una decisión promovida por sectores políticos vinculados con universidades no certificadas.

En ese contexto, el Parlamento se apresta a elegir a una nueva Mesa Directiva de entre dos listas conformadas por representantes de diversas bancadas, algunas de ellas opuestas, en teoría, en lo ideológico y hasta en lo práctico. Podría decirse que la conformación multipartidaria de las fórmulas de postulantes revela madurez entre grupos políticos que dejan de lado sus diferencias para avanzar. Sin embargo, no parece ser el caso y estaríamos, más bien, ante alianzas carentes de sustancia y amalgamadas en torno a la búsqueda de cuotas de poder.

Ojalá no fuera así y la nueva Mesa Directiva se comprometiera a dar los pasos para recomponer la relación con los peruanos demostrando intención de legislar a favor de las mayorías. Que el Perú tenga un Congreso rechazado por más del 90% de la población es lamentable y constituye, además, un riesgo para la democracia porque favorece el crecimiento de discursos antisistema, en su mayoría trasnochados, de los cuales ya deberíamos estar curados. Si la fortaleza y legitimidad de las instituciones es un síntoma de la salud de la democracia es evidente que la nuestra está enferma.