Por: Carlos Meneses

El tema del salario mínimo vital será objeto de discusión pública en el Consejo Nacional de Trabajo y su definición deberá tener repercusiones y consecuencias en la economía de todos.

La presidenta de la República, en el mensaje que dirigió al Congreso el 28 de julio, anunció para “pronto” un reajuste en el valor del salario mínimo que normalmente es decidido por el Consejo Nacional de Trabajo, pero el solo dicho de la mandataria ha provocado reacciones encontradas entre los responsables de los sectores productivos y también de los organismos representativos laborales del país.

El parecer de los 2 grupos que tendrán que buscar acuerdo conciliatorio o esperar una decisión del Estado sobre un tema que se le había presentado para bien decidir se resolverá solo después de que el Consejo de Estado se reúna convocado por la Presidencia de la República para analizar el asunto y resolverlo de la mejor manera.

Los riesgos están a la vista, pues para los que trabajan quieren que la valla de S/ 1025 se eleve, en tanto que los productores se oponen.

Es evidente que el asunto tiene pocas alternativas de solución por la situación económica que se vive en uno y otro lado y por el empeño gubernamental de procurar inversión privada en el Perú proveniente de fuentes extranjeras o nacionales.

Todo indica que deben realizarse estudios adecuados suficientes para bien escoger; entre tanto mantener los salarios mínimos vitales en el valor en el que están.

También será muy importante el que se estudie alternativas variables según los requerimientos de la situación económica. Lo que significaría tener salarios básicos no iguales en toda la estructura económica privada del país, a semejante planteamiento se oponen los sindicatos, pero sería razonable que se estudie a profundidad el tema.