Por: Alejandro Paz S.

El congresista Wilson Soto de Huancavelica (AP) ha presentado iniciativa de reforma constitucional para restablecer la inmunidad parlamentaria con la finalidad de fortalecer la institucionalidad del Congreso de la República, proponiendo que “No pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, durante el ejercicio de su mandato, excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las veinticuatro horas, a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento,…”. En el fundamento de Análisis Costo Beneficio, expone “Beneficiará al Congreso de la República en el entendido que se tendrá una asamblea fortalecida para la toma de decisiones sin mayores temores y sin sucumbir ante los pedidos de grupos interesados en temas económicos, políticos o sociales particulares.”

El país necesita para su desarrollo integral de instituciones sólidas, que den fortaleza al Estado procurando sostenibilidad y mejoras de todos sus componentes, pues un Estado débil es presa de la corrupción, tropel del subdesarrollo y nicho de la pobreza.

La propuesta de marras es vergonzosa, el promotor de la iniciativa y ocho de sus adherentes, del mismo partido político, están incursos en investigación fiscal por el denominado caso “Los Niños” que alcanza a 26 parlamentarios, un 20% del Congreso, sobre imputaciones por condicionar su voto para la no vacancia de Castillo a cambio de compromisos económicos y políticos, como favorecimientos a su entorno social, intereses a los cuáles han sucumbido y soterradamente se esgrime como fundamento preventivo de su defensa a futuro. Es evidente la intención de sustraerse a la justicia y crear un mecanismo de autodefensa criminal colectiva, sea en el Pleno del Congreso o Comisión Permanente, que han demostrado ser permisibles y flexibles para blindarse, elaborándose informes complacientes que responden a componendas de propios intereses y no a la majestad que representa el Congreso, al que invocan como fin para fortalecer su decaída y desprestigiada institucionalidad, que según el IEP tiene una desaprobación que bordea el 91%.

Si bien los congresistas gozan ya de antejuicio político por eventuales delitos por su función parlamentaria, cuál es la necesidad o relevancia institucional para que se les proteja por la comisión de delitos ajenos a su función, no hay ninguna justificación. Solo se representan a sí mismos ya no al país, no pueden autogenerarse procedimientos exclusivos que están proscritos, todos somos iguales ante la ley, sin discriminación, máxime que es vox populi el irreversible clamor que se vayan.    

Tal iniciativa no debe prosperar. Los colegios profesionales y organismos que deben velar por la institucionalidad del país aún no se han pronunciado. Esperemos no se cuente con la anuencia del Ejecutivo al que se le ha redactado una ley con nombre propio para que pueda conducir nuestro destino remotamente, norma que si se hubiere reglamentado de seguro se complementaba con facultades para hacer uso de inteligencia artificial. Es un absurdo la inmunidad parlamentaria que conlleva a la impunidad.