Por: Carlos Meneses

Es verdad que los organismos de control nacional y regionales cumplen con su tarea de advertir los defectos encontrados, pero es obligación de quienes dirigen gobiernos regionales o municipales actuar en consecuencia de una realidad existente desde tiempos anteriores a los actuales y la solución del asunto.

La Contraloría General de la República (CGR) y sus oficinas regionales están muy empeñadas en detectar nombramientos de empleados del sector estatal que ocupen cargos que deben reunir requisitos para garantizar eficiencia y seguridad al manejo de los fondos públicos que se confían para la realización de obras en favor de la comunidad.

Es el caso que en Arequipa existen tales cuestionamientos que llegan incluso a denunciarse al interior del GORE y de la comuna provincial sin que se produzcan los esclarecimientos indispensables o los cambios que sean exigidos.

Las consecuencias saltan a la vista. Son numerosas y cuantiosas las obras que se paralizan por fallas técnicas, presupuestos insuficientes que al final son cargados a las cuentas estatales y que la comunidad no recibe para su uso.

No es extraño que algunas de las observaciones formuladas son de tan grave carácter que se cometerían delitos por parte de quienes no reúnen las exigencias que disponen las normas y significan también desplazamiento de servidores de carrera o de quienes podrían cumplir, eficazmente, labores como las que no pueden hacer los cuestionados.

Lo peor de todo es que tales denuncias de la CGR no se tramitan con oportunidad o si son acogidas no llegan a un nivel de definición sobre la permanencia de las personas que han sido llamadas por las autoridades máximas, a pesar de que los tiempos pasan y las obras siguen sufriendo sus negativas consecuencias.

Al organismo de control se le debe dar facultades ampliadas para que sus observaciones sean acogidas. Reiteramos que el problema de fondo es el tiempo que se pierde o la inversión que sin capacidad suficiente se hace.