Según la más reciente encuesta de Datum, el legislador de Alianza para el Progreso no es bien aceptado en el sur, centro y norte del país.

Así se evidencia en una encuesta de opinión elaborada por la empresa Datum para el diario Gestión. De acuerdo al resultado, el 64% de peruanos rechaza que el legislador de Alianza para el Progreso lidere el Legislativo.

De la cifra mencionada, las regiones del sur (74%), centro (68%) y centro (66%) muestran su mayor descontento con que Soto sea la máxima autoridad del Parlamento para el periodo de sesiones 2023-2024.

Lima (61%) y las regiones del oriente (47%) también muestran su descontento con el representante del partido de César Acuña.

De otro lado, el reemplazante de José Williams en la Mesa Directiva parte con 14% de respaldo y 22% que no quisieron brindar alguna opinión al respecto.

Según el mismo sondeo de Datum, la población también es consultada por las denuncias que aparecen casi a diario contra Alejandro Soto.

El 44% de los encuestados indica se debería censurar a toda la Mesa Directiva y convocar a elecciones para elegir a una nueva. Por su parte, el 20% sostiene que solo el congresista de APP debería ser destituido.

El 21% considera que debe dársele un tiempo a la formula liderada por Soto para que haga su trabajo. Finalmente, 6% señala que debe terminar su gestión.

La población considera que la Mesa Directiva de Alejandro Soto debería ser censurada por las denuncias en su contra.

Como es público, Alejandro Soto ha sido criticado por contar con 55 investigaciones abiertas en el Ministerio Público que datan desde el 2000 hasta el 2022. Además, estaría usando la Ley 31751, que establece que la suspensión de la prescripción para la acción penal sobre procesos judiciales sea acortado a un año, para salvarse de algunos procesos en su contra.

Uno de ellos es la denuncia que la empresa de transportes Waynapicchu le interpuso por el presunto delito de estafa. El Poder Judicial tenía proyectado dictar sentencia de ocho años y ocho meses de prisión efectiva en contra de Soto en julio pasado, pero su abogado apeló a la ley antes descrita para que todo el caso prescriba y no exista una sanción.

Lo último de Soto es que se descubrió que en su despacho contrató a la hermana de la madre de su menor hijo, Lizbeth Peralta, a pesar de que esto configuraría el presunto delito de nepotismo. El presidente del Congreso quiso negar cualquier relación, pero fotografías y video confirman que estuvo en su juramentación el 26 de julio pasado.

A raíz de estos hechos, hay legisladores como Flor Pablo (no agrupada) y Jorge Montoya (Renovación Popular) que le han pedido a Soto que se someta a las investigaciones en la Comisión de Ética, cuya presidencia recaerá en la bancada de Avanza País.