La empresa de Transportes Turísticos Waynapicchu S.A formalizó ante el Poder Judicial (PJ) una demanda contra el presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto y otras cinco personas luego de que estas fueron beneficiadas con el archivo de su proceso penal por estafa al pedir la aplicación de la Ley N°31751 (Ley de prescripción).

PRESIDENTE DEL CONGRESO DENUNCIADO POR ESTAFA

A través de un documento, al que accedió El Comercio, la empresa solicitó un monto global de S/1′371.981,58 por cinco hechos imputados en contra del parlamentario y sus codemandados.

Soto Reyes fue uno de los procesados que pidió ser beneficiado con la referida ley semanas después de que el Legislativo aprobó la norma y el Ejecutivo la promulgó.

Ante ello, el pasado 24 de julio, el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia del Cusco dispuso declarar prescrita la acción penal en contra de los acusados que venían afrontando un juicio oral.

El Ministerio Público había solicitado ocho años y ocho meses de cárcel para actual presidente del Congreso.

Antes del citado dispositivo legal, Soto había intentado archivar hasta cuatro veces su proceso judicial; sin embargo no lo había logrado puesto que el juzgado había determinado que los hechos cometidos eran materia de persecución penal para su aclaración.

La última vez, en marzo del 2022, el congresista había pedido el archivo de su caso a través de un recurso de excepción de naturaleza de acción alegando que los hechos atribuidos en su contra no podían ser tipificados dentro del delito de estafa.

Sin embargo, el juzgado desestimó el pedido y ordenó continuar con el proceso penal.

“En ese escenario, corresponde desestimar la excepción deducida por la parte imputada, puesto que los hechos se subsumen dentro del tipo penal, concurre el engaño como es el cobro de un pago por una prestación de servicios inexistente, y el aprovechamiento que tenía por la vinculación con los altos directivos”, había resuelto en ese entonces el órgano judicial.

Si bien el proceso penal ya fue declarado prescrito por el Poder Judicial; y hasta la fecha el Ministerio Público no ha presentado apelación, la defensa de la empresa de Transportes Turísticos Waynapicchu S.A interpuso este último lunes la demanda por daños y perjuicios, solicitando una reparación civil.

No tiene ni un mes en el cargo, pero ya es objeto de múltiples cuestionamiento que ponen en duda su idoneidad como máximo representante del Poder Legislativo. Frente a ello, la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del Congreso anunció que Soto  responderá a los cuestionamientos el próximo lunes 28 de agosto a las 10:00 horas.