Por: Carlos Meneses

Todos los poderes existentes en la Nación han sido afectados por la malvada acción de los corruptos, pero aún faltan por caer algunos bandidos que no deben quedar impunes ante lo que han hecho para complacencia de quienes los convencieron para hacer daño al país y a la Hacienda Pública.

Es verdad que la corrupción existe en el Perú desde hace muchos años, pero cuando se eligió por mayoría a Pedro Castillo, como presidente de la República, los peruanos no imaginamos los extremos a que este asunto llegaría. Ahora tenemos que pensar en legislación más adecuada, no sólo para combatirla sino para castigarla para lo cual será conveniente modificaciones y adecuaciones en la legislación, en el trabajo de fiscales, jueces para que con el apoyo policial puedan detener a los responsables de los desmanes que lamentamos.

La corrupción se ha generalizado, ha llegado también a las más altas instancias de gobierno atrapando entre sus garras al propio presidente y a altos funcionarios de la administración pública, incluidos, ministros de Estado, parlamentarios hasta altas autoridades policiales.       

Aquí en Arequipa hay testimonios que obligaron a poner en cárcel a un presidente regional, a sospechar de otros y a ver como necesario aumentar el número de contralores que a nivel nacional se llega a necesitar 2 mil 600 nuevos vigilantes de la correcta inversión pública y que son ahora requeridos por la Contraloría General de la República.

Se ha llegado al extremo de saturar penales y que todos los días se descubran nuevos casos de mal uso del dinero público, de traiciones a juramentos y promesas. La desmoralización que esto provoca en la población es evidente y también la grave consecuencia que en nuestra economía deja el saqueo de la Hacienda Pública.