Por: Carlos Meneses

El gobierno no deja de persistir en no escuchar los clamores del pueblo para buscar remedio a los grandes males del Perú. Ejecutivo y Legislativo tienen la obligación de coordinar y de devolver confianza ciudadana en sus instituciones tutelares.

Es un problema que se había detectado en las relaciones entre gobernantes y gobernados del Perú, pero no en los extremos a los que hemos llegado después de proceso electoral de 2021 que por una diferencia de 40 mil votos sobre los millones de votantes ganó Pedro Castillo.

Ocurre que los reclamos de la ciudadanía se fueron multiplicando y se llegó a extremos de no escuchar lo que la gente pedía. Mientras se desoía lo que se reclamaba, el conflicto llegó a ser tan grave entre el Parlamento y el Ejecutivo porque no había entendimiento de ningún tipo.

En tanto se permitía que narcotraficantes y delincuentes hicieran pita y pabilo de los recursos públicos, no sólo era un problema de inseguridad colectiva sino de bandas que actuaban con impunidad y contando con la participación de funcionarios gubernamentales. Entre tanto crecían los reclamos en educación, salud, transporte y otras piezas vitales e importantes en la vida de las personas.

Ahora se habla de cambios, pero no se trata sólo de hablar, sino de hacerlos efectivamente y conviene que se produzcan realmente como lo ha ofrecido la presidenta Boluarte a 21 presidentes de otras tantas regiones del Perú.

Sin diálogo no es posible pensar en la reconciliación y supone también mejoramiento del sistema de justicia como todos los alcaldes lo exigen. Debe diferenciarse lo que significa no querer oír a los interlocutores válidos y no podernos escuchar o no quererlo hacer. Esa es la diferencia y las provincias, regiones quieren y deben participar en un efectivo progreso de la República.