En el marco del convenio interinstitucional con el Ministerio de Educación (Minedu), la Contraloría General de la República, a través del programa Auditores Juveniles, convoca a estudiantes del nivel secundario de educación básica regular de todo el país a participar en la veeduría escolar “Seguridad Ciudadana”, y que proyecta la participación de más de 10 mil estudiantes para verificar las actividades en sus instituciones educativas relacionadas a seguridad ciudadana.

La veeduría escolar “Seguridad Ciudadana” se inició el pasado 7 de agosto y se llevará a cabo hasta el 1 de setiembre del presente año, y está dirigida a estudiantes del nivel secundario de instituciones educativas públicas, privadas y por convenio de todo el país.

Con esta nueva veeduría del programa Auditores Juveniles de la Contraloría General, se busca contribuir a construir y fomentar espacios públicos más seguros para la comunidad educativa, así como la conformación de las Brigadas de Autoprotección Escolar (BAPES).

Como parte de esta veeduría escolar, los participantes verificarán diversos aspectos vinculados a la Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana; Resolución Ministerial Nº 066-2018-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica denominada «Orientaciones para la Constitución de las Brigadas de Protección Escolar (BAPE) en las Instituciones Educativas de la Educación Básica», el Decreto Supremo N° 009-2022-IN, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 31297, Ley del Servicio de Serenazgo Municipal, entre otras normativas vinculadas.

Adicionalmente, con la finalidad de fortalecer las capacidades de los docentes se vienen desarrollando actividades de capacitación a nivel nacional sobre la temática de la presente veeduría, dirigido a los docentes del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica o áreas afines, así como a docentes tutores.

El programa de Auditores Juveniles de la Contraloría actualmente cuenta con más de 1 millón de estudiantes participantes, y es uno de los principales mecanismos que se pone a disposición de las instituciones educativas para formar a futuros ciudadanos involucrados con el bienestar de su comunidad, a fin de promover la participación ciudadana en el control social a las entidades públicas a nivel nacional.