Por Antero Flores-Araoz – El Montonero

Una de las quejas más frecuentes de los justiciables, es la demora en los procesos judiciales, cualquiera sea su materia, pero principalmente los penales, civiles y comerciales. Los abogados estamos obligados a decir la verdad a nuestros patrocinados, y cuando ellos nos preguntan la duración probable de los procesos que nos encomiendan, solo podemos decir cuándo se iniciarán, pero nunca cuándo concluirán.

Los juicios, lamentablemente, en nuestra patria duran una eternidad. Y ello no solamente es responsabilidad de los magistrados judiciales y fiscales, sino también de la normatividad legal y de los propios abogados, porque los malos letrados se dan maña para alargar los procedimientos, como si la postergación fuese a ayudar a sus defendidos o a cambiar el giro de las cosas. Además, los jueces que deberían imponer sanciones a los abogados que se valen malamente del procedimiento para retrasar el resultado, lamentablemente no lo hacen.

Las demoras muchas veces son responsabilidad de fiscales y jueces que no cumplen con los plazos y que cuando sentencian, exageran en la motivación de sus resoluciones, que muchísimas veces son de páginas y páginas, con narrativas interminables y encima soporíferas. Si bien últimamente hay que reconocer se han impartido instrucciones para ponerse al día, no es menos cierto que en lo que más se afecta a los justiciables es en los procesos penales, pues muchas veces los imputados son objeto de detenciones preventivas que por su extensión más parecen sentencias anticipadas. 

No es justo mantener a los imputados “colgados de la soga” años y años, no solo por el fastidio que ello genera, sino hasta por el daño psicológico y familiar que eso conlleva. Varias veces hemos citado como ejemplos el caso de nuestros héroes de la victoriosa operación “Chavín de Huántar” para rescatar a quienes los terroristas del MRTA mantuvieron secuestrados en la residencia del embajador de Japón. Su juzgamiento demoró 17 años, pero el que hasta ahora supera la indignación de los afectados y de los que creemos en que la Justicia debe ser célere, es el caso de la develación del motín en El Frontón, que va a tener 38 años. Un abuso incalificable.

Hay magistrados judiciales y fiscales que con razón señalan responsabilidad por la larga duración de los procesos, a la normativa legal, pero olvidan que al igual que el Presidente de la República, los congresistas, el Defensor del Pueblo y otros altos organismos autónomos, pueden presentar iniciativas legislativas, también lo pueden hacer el Poder Judicial, el Ministerio Público y los Colegios de Abogados. Entonces los quejosos si tienen el camino expedito para buscar correctivos, pero lamentablemente no lo hacen.

En el quinquenio político de Pedro P. Kuczynski y quienes lo sucedieron y el quinquenio que se inició con Castillo, o sea desde el 2016 el Poder Judicial presentó en total 31 proyectos de ley, el Ministerio Público 32 y los colegios de abogados en conjunto 9. Como vemos a esta prerrogativa no le han puesto empeño, pudiéndolo hacer para resolver la problemática de la que ellos mismo se quejan.