Por Orlando Cáceres V.

Procedimientos podrían archivarse si se deroga ley que otorga a la entidad la capacidad para inhabilitar a funcionarios que han incurrido en irregularidades.

El Procurador de la Contraloría General de la República (CGR), Amado Enco Tirado, señaló que su dependencia mantiene entre 800 y mil procedimientos sancionadores contra funcionarios. De acuerdo al servidor estatal, estos podrían ser archivados si se aprueba la derogación de la Ley N° 31288, que establece la capacidad sancionadora de la entidad.

“Hay acciones de control que han culminado en informes recomendando el procedimiento administrativo sancionador. Están bordeando entre los 800 y mil funcionarios sujetos a estas acciones”, declaró el funcionario.

Como se recuerda, el 16 de agosto del 2021 el Congreso de la República promulgó por insistencia la Ley N° 31288. Esta aborda la capacidad sancionadora que tiene la Contraloría. De acuerdo a la normativa, las faltas graves pueden castigarse con una inhabilitación no menor de sesenta días calendario ni mayor a un año; mientras que, las muy graves podrían acarrear la invalidación que no baje de uno ni exceda los cinco años.

Cabe señalar que, durante la exposición ofrecida por los servidores del Estado el pasado miércoles 23 de agosto, dieron a conocer que identificaron que más de 190 instituciones públicas registraron puntajes altos o muy altos de corrupción el año pasado. Estas involucraban principalmente a los sectores de transporte, educación, salud, vivienda e interior.

“Tenemos 76 mil 408 de estos casos detectados en el año 2022 y que han movido más de 9 mil 250 millones de soles. Sobre estos funcionarios sabemos quiénes son, dónde están sus cuentas, cuales son las órdenes de servicio y donde trabajan. En los próximos meses les llegará su acción de control y su pliego de cargos para que expliquen por qué hicieron estas acciones”

enfatizó el Contralor General, Nelson Shack Yalta, en aquella presentación

PELIGRO DE LA LEY

De otro lado, fuentes de la dependencia nacional recordaron que el 26 de julio del 2021 (a puertas de la culminación del período de Francisco Sagasti), el Poder Ejecutivo presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) una demanda de inconstitucionalidad. Si esta procede, podría dejar a la entidad sin capacidad sancionadora.

“Si se declara inconstitucional (esta ley), estos casos tendrían que quedar en el archivo. Eso es lo que pensamos nosotros, solamente alega a la impunidad. Deja un mensaje desalentador en la lucha contra la corrupción (…) Podemos inhabilitar a los funcionarios que generan perjuicio económico al Estado, por lo menos para que no estén dentro del mismo”

expresó Enco Tirado ante la propuesta.