Por: Carlos Meneses

La lucha contra la corrupción no solo no debe detenerse, sino que debe intensificarse para que los operadores de justicia hagan su parte y sancionen a quienes malograron la administración pública y con sus actos afectaron la esperanza de mejorar situación de los que menos tienen.

La Contraloría General de la República (CGR) reveló que 24 mil millones de soles perdió el Estado peruano, en el año 2022, como consecuencia de la corrupción en la que estuvieron comprometidos casi 8 mil peruanos, todos ellos funcionarios públicos. La suma total del daño podría ser suficiente para que decenas de miles de personas pudieran mejorar sus condiciones de vida.

El contralor de la República, Nelson Shack, reveló la cifra y lamentó que solo el 1%, porcentaje absolutamente insignificante, ha sido sancionado. La situación ha llegado a extremos tales en el periodo de gobierno de Pedro Castillo y aunque ahora asoman cambios, no son suficientes para reparar el daño ocasionado, obligando a que la Contraloría contrate a 2 mil 700 profesionales capacitados para ampliar sus investigaciones y sustentarlas ante los fiscales y jueces.

Es muy importante, asimismo, que se mantenga la capacidad sancionadora que la Contraloría tiene y que ahora sabemos se quiere anular por decisión del Congreso que no es ajeno a las barbaridades que se han cometido con los recursos fiscales.

Veinte cuatro mil millones de soles, no es una bicoca, porque han sido restados a los recursos del Estado que estaban destinados ayudar en difícil coyuntura a los peruanos más pobres, quienes son víctimas de los malos manejos.

Nelson Shack está en capacidad de demostrar que en dependencias como transportes, salud, educación, vivienda y en los gobiernos central, regional y en municipios los bandidos hicieron de las suyas en provecho propio o de sus amigotes políticos.