Representantes del Colegio de Abogados de Puno viajaron a Arequipa para sustentar ante el Tribunal Constitucional el pedido de derogación de la Ley 31012, la cual permite que la PNP haga uso arbitrario de la fuerza para reprimir manifestaciones sociales. Según el coordinador del IDL, Juan Carlos Ruiz Molleda, eliminar el principio de proporcionalidad en la regulación de las protestas permitiría que el contingente policial use desmedidamente su armamento.

«Con esta ley, la PNP ya no tiene que evaluar la amenaza ni el nivel de fuerza, porque podría usarlo a su favor. (…) Nos parece irresponsable de parte del Congreso promover esta ley. No se entiende cómo si el Perú es parte de tratados internacionales y reconoce el principio de proporcionalidad y, sin embargo, el Congreso exime a la Policía a respetar este principio. Por eso pareciera que buscan criminalizar las protestas y que la PNP actúe como le parezca», sostuvo Fátima Horna Jiménez.

Para los abogados, es un peligro que se les dé libertades absolutas al gobierno y a la Policía para reprimir acciones de protesta. Especialmente, cuando esta es una de las pocas acciones en las que la población puede manifestar su descontento con las autoridades de turno. Por ello, el uso de armas de fuego debe ser un recurso excepcional y no debe estar normado y apoyado, pues permitiría que se supriman libertades civiles.

«La norma es fatal porque promover que la PNP use arbitrariamente sus armas en una protesta permite que un efectivo dispare su arma, incluso a matar, aunque no haya una amenaza real para su vida. Tenemos 60 muertos durante las protestas y esta ley solo fomentaría muertos en futuros actos de protesta», sostuvo Juan Carlos Ruiz Molleda.

Tras el pedido de derogatoria, el Tribunal Constitucional tiene un plazo de de 30 días para dictaminar si la Ley 31012 es derogada o no. De no hacerse, los fallecidos durante futuras protestas podrían convertirse en una constante y los policías victimarios no podrían ser acusados por sus acciones.