Por: Carlos Meneses

Además, se ha advertido también que las bandas delincuenciales pueden haber reducido su acción en los distritos limeños indicados y en Sullana operando ahora en otros lugares y creando pánico en todos ellos. La verdad tiene que abrirse paso para que todos sepamos cómo enfrentar el reto en curso utilizando los recursos estatales y con el dinero que tenemos.

Nadie ha hecho una evaluación de los resultados reales y válidos respecto al estado de emergencia que el gobierno decretó para los distritos limeños de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres. Todos son decires, pero no hay evidencias de una disminución notable de los casos delincuenciales que se producen en los dos distritos de la capital y en la provincia de Sullana en Piura.

De otro lado, las personas que han sido entrevistadas con respecto a la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) se quejan de que no se ven militares en acción o porque no les han sido asignadas responsabilidades en los lugares críticos o porque el plan ha quedado chico en relación con el aporte que podían dar los efectivos del Ejército, la Marina y la Aviación.

Además, los crímenes y otros delitos que se cometían en Lima se están repitiendo y aunque el Ministerio del Interior asegura que hay menos robos en las calles se advierte que hay granadas explosivas, aparentemente de propiedad del Ejército peruano, que se usan por parte de extorsionadores que han atacado en Lince y otras zonas de la capital.

A todo lo anterior se advierte, también, un repunte en el número de muertes por feminicidios que sorprendentemente llegan a 17 en lo que va del año, en Arequipa.

Necesitamos una información confiable por parte del propio gobierno ante el reclamo de los alcaldes sobre todo de Lima que insisten en pedir una ampliación de las jurisdicciones donde se aplica la emergencia y que la quieren para toda la capital.

El problema de aceptar este reclamo colectivo es que la Policía no tiene los 40 mil hombres que refuercen la capacidad operativa de la fuerza pública encargada de la seguridad colectiva.