Por: Carlos Meneses

La independencia del Poder Judicial será defendida por los magistrados de todos los niveles y también por los fiscales empeñados en liberarse de la mancha que dejó la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. No hay que politizar el Poder Judicial, pues nadie quiere que la justicia se politice como se ha hecho con el Congreso.

Quien es presidente de la Corte Suprema de Justicia y también lidera el Poder Judicial del Perú ha advertido que los magistrados y fiscales de ese poder del Estado no aceptarán ninguna decisión que pudieran adoptar el Ejecutivo o Legislativo sobre el movimiento de jueces, reiterando que esa es una responsabilidad de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

El parlamentario de Alianza para el Progreso, Alberto Chiabra y exgeneral del Ejército tiene presentado un proyecto de ley por el cual el Parlamento asumiría la potestad de decidir sobre nombramientos de vocales supremos y fiscales de la Nación. La respuesta de los magistrados ha sido inmediata y negativa.

En realidad, conviene a los intereses nacionales que así sea y que no se produzca una intervención abusiva y alejada del ordenamiento constitucional para que el Poder Judicial sea respetado en su autonomía y sólo limitado a la fiscalización, ya aceptada por todos, de la JNJ en remplazo del Consejo Nacional de la Magistratura.

No se debe permitir la intervención de la política en un poder del Estado que debe estar alejado de ella y no comprometer su independencia por algo que rechaza la opinión pública y que conviene preservar a todas luces.

La reacción inmediata que se ha producido a la propuesta de la injerencia parlamentaria para entrometerse en el Poder Judicial ha sido rápida, impactante y clara. Suponemos que debe ser escuchada y aceptada por todos para permitir, además, que el Ministerio Público, en proceso de limpieza interna, recupere por canales eficaces y claros la situación en que ahora se encuentra.