Por Antero Flores-Araoz – El Montonero

A LA POLICÍA  SE LE RESPETA

El título de esta columna corresponde a la expresión de quien fuese ministro del Interior hace algunos lustros, Fernando Rospigliosi, quien lideró una gran campaña para que la población respetase a la Policía; como sucedía antaño, en que hasta los niños se sentían protegidos por la Policía y apreciaban que los policías eran amigables.

Quienes desde hace algunas décadas pintamos canas, recordamos a policías como el sargento Nonone, que hasta ayudaba a los escolares de tierna edad a cruzar las calles. Nonone no era el único, aunque sí muy caracterizado, pues eran tiempos de respeto y admiración.

Penosamente los tiempos cambiaron. Y si bien hay policías que no respetan el uniforme que les confió la Nación, hay miles y miles de ellos que hacen honor a sus insignias y galones y cumplen con su obligación constitucional de resguardar y mantener el orden público, así como recuperar la tranquilidad en caso de afectación. 

Nos hemos estado acostumbrando al vapuleo a la Policía, pero no desde la ciudadanía, sino desde fiscales y jueces, que denuncian y procesan a policías y hasta determinan detenciones. Los fiscales y jueces parecerían no comprender la función policial y, que cada vez que con las intervenciones policiales se producen daños directos y también colaterales, con muertos y heridos que han participado en actos de violencia, atacando a los policías y dañando propiedad pública como privada, como patrulleros, porta tropas y motocicletas policiales, además de diversas comisarías, insólitamente arremeten contra los policías.

No es novedad que son organizaciones vinculadas a la defensa de los Derechos Humanos las que instigan a denunciar y procesar policías, olvidando que los Derechos Humanos son universales y generales. Y que también deben proteger a la Policía, que al repeler vandalismo y actos de violencia, pueden causar lesiones o muerte a los violentistas que atentan contra la tranquilidad pública, la vida e integridad de otras personas y que dañan también los bienes públicos y privados.

Hay personas que reclaman al Estado la dación de normas legales que protejan a la Policía. Pues bien, si quieren, que se den más normas, pero no son necesarias, ellas ya existen.  El problema es que deplorablemente muchas veces los fiscales y jueces no las toman en cuenta.

En nuestro Código Penal, artículo 20, tratando sobre la inimputabilidad, están relacionadas las excepciones de responsabilidad penal, entre otras quienes obran en defensa de bienes jurídicos frente a agresión física, necesidad racional del medio empleado y forma de proceder del agresor. También la legítima defensa, la actuación en cumplimiento de la ley, de un deber o del ejercicio legítimo de cargo u oficio, así como también en cumplimiento de órdenes superiores con empleo de sus armas reglamentarias.

Son varias leyes las que han ido perfeccionando las causales de inimputabilidad penal, como las leyes 27936, 30151, 31012 y el Decreto Legislativo 982. Pero al no ser tomadas en cuenta en la práctica jurisdiccional, los custodios del orden hay veces que miran de costado para no actuar ante la perpetración de delito, pues cuando actúan terminan con la vida a cuadritos con procesos interminables que les afectan su carrera profesional y hasta la paz de su núcleo familiar.

Ya es hora de que la Junta de Fiscales Supremos y la Sala Plena de la Corte Suprema, tomen los acuerdos que amerita todo lo que hemos señalado, por la tranquilidad policial y por la mejoría en el enfrentamiento de la criminalidad, que lejos de disminuir va en aumento.