Por Jorge Turpo Rivas

El órgano de control corroboró que el funcionario, Manuel Torres Montoro, firmó documentos dando la conformidad al Consorcio Virgencita de Chapi cuando lo debió hacer la IX Macrorregión de la Policía. Se quiso pagar S/ 6 millones.

DEMANDAN AL GOBERNADOR ADOPTAR MEDIDAS

La Contraloría General de la República confirmó las irregularidades en el proceso de compra de 25 patrulleros que intentó realizar la gestión del gobernador regional, Rohel Sánchez, por un monto de 6 millones soles al Consorcio Virgencita de Chapi.

El órgano de control, en su Informe 001-2024-2-5334-AOP, concluye que los hechos irregulares hallados han “transgredido los principios de eficiencia, eficacia, transparencia e integridad, así como el cumplimiento de la finalidad pública”.

Además, le dan 20 días de plazo a Rohel Sánchez para que emita un plan de acción conteniendo “las medidas adoptadas respecto al hecho irregular evidenciado y consignado en el informe”. Quien firma el requerimiento es la jefa del Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional, Yulemi Ofelia Valladares Díaz.

Un hecho grave que corrobora la presunta corrupción en todo el proceso y que fue determinante para que la gestión de Rohel Sánchez anule la compra de los vehículos para la Policía, es la participación del funcionario, Manuel Torres Montoro.

El 2020, Torres Montoro, dio la conformidad al Consorcio Virgencita de Chapi para que el gobierno regional le compre 9 patrulleros. Tres años después, otra vez Torres Montoro aparece en el proceso de licitación de los nuevos 25 patrulleros y firma un documento que favorece al mismo consorcio. En el 2020 sí se concretó la compra de patrulleros.

“Es sospechoso, por decir lo menos, la participación de Torres Montoro en ambos procesos donde está el mismo consorcio y él firma la conformidad cuando lo debió hacer un representante de la IX Macrorregión de la Policía”, comentó el consejero regional, Miguel Ángel Linares Riveros.

Otra de las irregularidades que se habría cometido, y que en su momento denunció Linares Riveros, es que en las bases integradas no se considera penalidades por incumplir la entrega de documentos como tarjeta de propiedad, placa y SOAT.

SEGUNDO DUEÑO

“Adicionalmente, hemos indagado y comprobado que ese consorcio ya había comprado las camionetas a la empresa concesionaria, no sabemos a nombre de quién porque fue un negocio entre privados, pero ya estaban comprados. Y eso es grave porque el gobierno regional, si llegaba a comprar esos patrulleros, habría sido el segundo dueño y perdía las garantías que se ofrecen al dueño original”, apuntó Linares.

Eso explica por qué el día que se descubrió la presunta compra direccionada, se encontró los patrulleros en talleres particulares donde se le estaba colocando los logotipos de la Policía cuando todavía no firmaban el contrato con el gobierno regional.

A decir de Linares, todos estos hechos revelan un presunto direccionamiento de la compra y colusión entre funcionarios y representantes del Consorcio Virgencita de Chapi, para hacerse de una millonaria licitación.

“El tema de fondo es que Arequipa se ha quedado sin 25 patrulleros para combatir la delincuencia. Nosotros hicimos la denuncia en octubre y recién dos meses después, el 23 de diciembre, la gestión de Rohel Sánchez, anuló la compra cuando nosotros le advertimos todos esos hechos irregulares que ahora la Contraloría confirmó con su informe”, dijo el consejero.

En relación al precio que pretendían pagar por cada camioneta, 245 mil soles, prácticamente el doble del precio de mercado, Linares, consideró que la explicación del gobernador indicando que ese monto obedece a que incluye mantenimiento, es injustificable.

“En todo caso que alquilen patrulleros como lo hacen en Lima y así se evitan un costo tan elevado en mantenimiento. Además, como el consorcio ya tenía comprados los patrulleros y el gobierno regional iba a resultar siendo el segundo dueño, ya no iba a poder gozar de ese servicio de mantenimiento”, explicó.

A decir del consejero regional, a Sánchez no le queda más que reconocer todo lo que se denunció apenas estalló el escándalo de presunta corrupción y le diga a la ciudadanía arequipeña si esos funcionarios continúan o no siendo parte de su gestión.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa, tiene a su cargo la investigación sobre la presunta corrupción en la compra de patrulleros. Los principales involucrados en la denuncia son los funcionarios Manuel Torres Montoro, David Sucapuca Camacho y Gabriel Damiani Lazo, quienes serían los presuntos autores de los delitos de colusión simple y negociación incompatible. También se incluyó al representante legal del Consorcio Virgencita de Chapi, Edwar Cárdenas Carpio.