ARGENTINA

Con la Ley Ómnibus en zona de definiciones en la discusión política, algunos críticos sostienen que el plan de ajuste del gobierno de Javier Milei y que depende de la aprobación de esa iniciativa en el Congreso podrían necesitar, por parte del equipo económico, un plan B. Eso sucede porque una parte relevante del plan fiscal está explicado en subas de impuestos que requieren luz verde parlamentaria, aunque el Ministerio de Economía se reservó márgenes mayores para aplicar recortes presupuestarios en caso de que la instancia legislativa no prospere.

En términos generales, casi el 60% del ajuste fiscal hacia el déficit cero que busca el Palacio de Hacienda para este año se sustenta en recortes para renglones del gasto como las transferencias discrecionales a provincias, la obra pública y también otros como subsidios, jubilaciones, programas sociales y otros gastos de funcionamiento del Estado.

Otro casi 40% está explicado por aumento de impuestos. Los casos más marcados son los del PAIS para las importaciones (cuya alícuota para todas las compras al exterior pasó de 7,5% a 17,5%, lo que implica un ingrediente inflacionario adicional) y un incremento generalizado de derechos de exportación, algo que asoma como uno de los temas más ríspidos en el Congreso.

Casi el 60% del ajuste fiscal hacia el déficit cero para este año se sustenta en recortes en las transferencias discrecionales a provincias, la obra pública y subsidios.

Una manera alternativa que miran los estudios privados es discriminar qué parte del ajuste el Ejecutivo puede hacerlo de manera directa y qué parte necesita de una ley sancionada por el Congreso. El 80% de ese ajuste, es decir 4,1% del PBI, puede ser activado solo con la decisión del Poder Central. En ese listado de medidas se ubican la suba del impuesto PAIS, y los menores gastos en jubilaciones y pensiones (0,4% del PBI), Transferencias a provincias (0,5%), subsidios económicos (0,7%), gasto en obra pública (0,7%), programas sociales como Potenciar Trabajo (0,4%), gastos de funcionamiento como salarios públicos (0,5% del PBI).

En ese contexto, el Gobierno puso especial énfasis en que el naufragio fiscal del mega proyecto de ley implicará una sobreactuación del ajuste en otras áreas. “Si la ley no pasara plenamente sería una muy mala noticia no solo para mí sino para todos los argentinos. Eso no implica que volveríamos a la meta de déficit 0,9% del PBI que tenía la administración anterior”, dijo el ministo Luis Caputo al presentar los lineamientos del acuerdo nuevo con el FMI.