PROBLEMA ES LA TITULARIDAD DE LAS CONCESIONES

Por Jorge Turpo Rivas

El director general de Formalización Minera del Minem, Alberto Rojas, reconoció que de 87 mil mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), sólo 11 mil se formalizaron porque el resto no puede acreditar la titularidad de las concesiones.

La formalización de los mineros ilegales e informales en el país ha fracasado y se encuentra en un callejón sin salida. El director general de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas, Alberto Rojas, reconoció que en veinte años sólo se han formalizado 11 mil mineros de los 87 mil que se inscribieron en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Es decir, actualmente tenemos a 76 mil mineros trabajando al margen de la ley generando una gran problemática para el país por la economía criminal que se desarrolla desde ese sector.

La semana pasada, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, a través de su vocera, Ángela Grossheim Barrientos, advirtió que la minería ilegal se ha convertido en la primera economía criminal en el Perú por encima del narcotráfico y que es una amenaza real para el orden interno.

Por ello, entrevistamos al funcionario del Minem, Alberto Rojas, para que nos diga si hay alguna solución a la vista para combatir la amenaza de la minería ilegal desde el gobierno.

“La idea es establecer un camino a la formalización y se hará con la presentación del proyecto de ley al Congreso de la Política Nacional Multisectorial de la Pequeña Minería y Minería Artesanal”, dijo Rojas.

No obstante, ese proyecto de ley se debió presentar antes de agosto del año pasado y sigue retrasándose. Además, mientras se espera su aprobación –admitió el funcionario– no se está haciendo nada para continuar con el proceso de formalización.

¿El Reinfo sólo ha servido como herramienta para encubrir a mineros ilegales que, una vez inscritos y sin control de cumplimiento, pueden continuar con sus actividades delictivas sin ser procesados por el delito de minería ilegal? Le preguntamos.

“En algunos casos sí, porque hemos recibido esa información y por eso se emitió un decreto que establece o da facultades a la Policía para que intervenga a los mineros con Reinfo suspendidos”, dijo.

La norma a la que se refiere Rojas es el Decreto Legislativo 1607 que otorga un plazo de 90 días para que los mineros informales, inscritos en el Reinfo, acrediten la firma de contratos con los titulares de las concesiones mineras, además busca prevenir la tenencia ilegal de artefactos explosivos en la actividad minera.

PROTESTA

Esa norma provocó ayer una protesta en Lima de parte de los gremios de los mineros que exigen su derogatoria inmediata porque consideran que atenta contra su actividad y es imposible cumplir los puntos que establece.

El gran problema que refieren los mineros informales es que se exige acreditar la concesión del área donde explotan el mineral, pero esas concesiones las manejan un grupo de empresas y no los pequeños mineros. Sin ese documento no pueden formalizarse.

“No podemos formalizarnos porque nos piden acreditar la propiedad y no lo podemos hacer porque el terreno donde trabajamos está concesionado a otras personas. Nos dan la alternativa de firmar un contrato, pero no podemos obligar a los dueños a que lo firmen y ahí estamos atrapados”, dijo el presidente de la Federación de Pequeños Mineros y Mineros Artesanales de Arequipa, Máximo Franco Bequer.

La nueva ley para mineros en vías de formalización y formalizados, dijo Rojas, contempla alternativas de solución para la titularidad de concesiones, el régimen de comercialización de minerales y el acompañamiento técnico en temas administrativos, laborales y tributarios.

A decir de Franco Bequer, el único responsable de lo que está ocurriendo es el gobierno, porque desde el 2012 no se resuelve el problema.

“El gobierno no nos deja formalizarnos y nos utiliza como una cortina humo. Al echarnos la culpa quiere distraer al país de los grandes temas de corrupción e impunidad que involucra a autoridades del más alto nivel”, comenta el dirigente.

Ese es el callejón sin salida en el que se encuentra el proceso de formalización minera en el país. Mientras tanto, como lo refiere, Ángela Grossheim, la minería ilegal continua siendo la fuente principal del lavado de activos y seguirá asociada con actos de corrupción y otros delitos, como el sicariato, trata de personas, trabajo infantil, extorsión, usurpación de terrenos y atentados violentos.